Si las denuncias públicas de los afectados por presuntas extorsiones de la Procuraduría del Medio Ambiente (PMA) no es suficiente para investigar a su titular, Sergio Rodríguez Cortés, se estaría ante una omisión grave de la Contraloria Interna de esa dependencia, Contraloría General del estado y todo el aparato de gobierno estatal, ante una actuación que sería irregular, o al menos sospechosa de la PMA, a quien, no obstante sus antecedentes, recientemente se le entregó la administración del Acuario de Veracruz, ahora denominado Aquarium, lo que resultó muy cuestionado. Al titular de la PMA el propio gobernador Cuitláhuac García Jiménez, lo acusó de corrupción en 2016, dos años antes de llegar a Palacio de Gobierno, y sólo él sabe porqué lo incorporó a su equipo de trabajo. ¿Quiénes denuncian a Rodríguez y a sus inspectores? Uno de ellos fue una cadena transnacional de autoservicio, que exhibió públicamente a esa Procuraduría después de una inspección realizada a los almacenes, que pretendieron clausurar por supuestos incumplimientos a la ley; a ese señalamiento se han sumado muchas otros, entre ellos Alberto Aja, presidente de la Coparmex-Veracruz, debido a la incesante presión que ejerce la PMA, en nombre las normas del medio ambiente, pero que en realidad se realiza con fines recaudatorios, con afectación a todo tipo y tamaño de empresas. Podría ser legal si existe motivo en sus actuaciones, pero cualquier causa, por mínima que sea, es motivo de multas y clausuras, y cuando hay cierre de esas empresas sancionadas, se afirma surgen gestores para proponer soluciones, a cambio de dinero. ¿Quiénes son esos enviados? Deben saberlo en la Procuraduría del Medio Ambiente. Una idea de lo planteado por el dirigente empresarial es que, al iniciar el gobierno de García en 2018, la PMA recaudaba tres millones de pesos al año por multas; al año siguiente, la recaudación aumentó a 19 millones de pesos, y ya en 2021 obtuvo 147 millones de pesos, es decir, la Procuraduría se ha convertido en una muy importante fuente de ingresos para el gobierno veracruzano, otra caja chica, coloquialmente hablando. Se desconoce por qué están impedidos los órganos internos de control y la Contraloría General del estado para investigar esas denuncias de acoso por parte de empresas, y las probables extorsiones de la Procuraduría del Medio Ambiente. Por lo visto, la presunción de estarse cometiendo irregularidades no basta, mientras no haya una indicación del más alto nivel para indagar una probable conducta ilícita de esos servidores públicos. La Operadora Churk, presuntamente, es una de esas empresas señaladas como gestoras de la PMA.
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