/ martes 8 de enero de 2019

Poder Judicial, la obligada austeridad

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acordaron bajar sus salarios en 25%.

Mediante un comunicado oficial, el Poder Judicial de la Federación dio a conocer que como medida de racionalidad del gasto público, las remuneraciones de los 11 ministros se reducirán en dicha proporción, respecto de las percibidas en el ejercicio fiscal 2018.

Destaca también en ese boletín que “la Presidencia de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal revisarán y, en su caso, publicarán los montos de las remuneraciones de magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación —conforme a lo aprobado en el PEF 2019— a efecto de asegurar, como mandata el artículo 94 constitucional… que sus remuneraciones no sean disminuidas durante su encargo”.

La Suprema Corte aclaró también que dicha medida se realiza a pesar de que la ley establece que las percepciones que reciben los ministros no pueden ser diferenciadas ni disminuidas por actos provenientes de los otros poderes.

Sin embargo, la realidad es que los integrantes del Poder Judicial federal no soportaron la presión que ejerció el Ejecutivo para bajar salarios.

Las percepciones de los ministros ya se habían convertido en motivo de escándalo luego de que López Obrador diera a conocer que había quienes recibían 600 mil pesos mensuales.

El Ejecutivo no estaba tan errado: los ministros tienen un ingreso bruto de más de 578 mil pesos; quitando impuestos, hablamos de más de 4 millones 600 mil pesos anuales, entre salario neto, prestaciones, pago por riesgo y seguros.

Al final, los ministros de la Suprema Corte no tuvieron otra opción que reducir sus salarios, a pesar de que el intento inicial del Ejecutivo motivó una avalancha de recursos legales: más de 400 juicios y casi 2 mil 200 amparos.

Se trata de un tema que se ha debatido también durante las últimas semanas en Veracruz, donde el gobernador Cuitláhuac García impulsa una reducción en los salarios de los magistrados del Poder Judicial del Estado, a partir de las modificaciones a la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

Sin embargo, como ha quedado consignado en diferentes medios, existen resistencias a esa medida por parte de jueces y magistrados.

Incluso, el presidente del Poder Judicial del Estado, Edel Álvarez Peña, ha emitido declaraciones que parecerían contradictorias: en septiembre declaró que era inconstitucional bajar remuneraciones, pero a principios de diciembre, luego de la convocatoria del gobernador de la entidad, el magistrado dijo que en la instancia que encabeza había disposición para reducir salarios.

El 13 de diciembre señaló Edel Álvarez que los términos de la Ley de Austeridad para el Estado de Veracruz, que había para entonces, había sido turnada por Cuitláhuac García al Poder Legislativo, no eran aplicables a los magistrados en funciones, sino sólo a los que tuvieran nuevo ingreso al Tribunal; en pocas palabras, hágase la voluntad de Dios, en los bueyes de mi compadre.

Argumentó el presidente del Poder Judicial de Veracruz que la ley no podía pasar por alto el principio de la no retroactividad.

Así las cosas, una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación anunció la reducción salarial de 25% para sus ministros, veremos si Álvarez Peña, uno de los últimos aliados del yunismo en posiciones claves, estratégicas del estado, mantiene su discurso o termina por resignarse a los tiempos de austeridad.

@luisromero85

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acordaron bajar sus salarios en 25%.

Mediante un comunicado oficial, el Poder Judicial de la Federación dio a conocer que como medida de racionalidad del gasto público, las remuneraciones de los 11 ministros se reducirán en dicha proporción, respecto de las percibidas en el ejercicio fiscal 2018.

Destaca también en ese boletín que “la Presidencia de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal revisarán y, en su caso, publicarán los montos de las remuneraciones de magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación —conforme a lo aprobado en el PEF 2019— a efecto de asegurar, como mandata el artículo 94 constitucional… que sus remuneraciones no sean disminuidas durante su encargo”.

La Suprema Corte aclaró también que dicha medida se realiza a pesar de que la ley establece que las percepciones que reciben los ministros no pueden ser diferenciadas ni disminuidas por actos provenientes de los otros poderes.

Sin embargo, la realidad es que los integrantes del Poder Judicial federal no soportaron la presión que ejerció el Ejecutivo para bajar salarios.

Las percepciones de los ministros ya se habían convertido en motivo de escándalo luego de que López Obrador diera a conocer que había quienes recibían 600 mil pesos mensuales.

El Ejecutivo no estaba tan errado: los ministros tienen un ingreso bruto de más de 578 mil pesos; quitando impuestos, hablamos de más de 4 millones 600 mil pesos anuales, entre salario neto, prestaciones, pago por riesgo y seguros.

Al final, los ministros de la Suprema Corte no tuvieron otra opción que reducir sus salarios, a pesar de que el intento inicial del Ejecutivo motivó una avalancha de recursos legales: más de 400 juicios y casi 2 mil 200 amparos.

Se trata de un tema que se ha debatido también durante las últimas semanas en Veracruz, donde el gobernador Cuitláhuac García impulsa una reducción en los salarios de los magistrados del Poder Judicial del Estado, a partir de las modificaciones a la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

Sin embargo, como ha quedado consignado en diferentes medios, existen resistencias a esa medida por parte de jueces y magistrados.

Incluso, el presidente del Poder Judicial del Estado, Edel Álvarez Peña, ha emitido declaraciones que parecerían contradictorias: en septiembre declaró que era inconstitucional bajar remuneraciones, pero a principios de diciembre, luego de la convocatoria del gobernador de la entidad, el magistrado dijo que en la instancia que encabeza había disposición para reducir salarios.

El 13 de diciembre señaló Edel Álvarez que los términos de la Ley de Austeridad para el Estado de Veracruz, que había para entonces, había sido turnada por Cuitláhuac García al Poder Legislativo, no eran aplicables a los magistrados en funciones, sino sólo a los que tuvieran nuevo ingreso al Tribunal; en pocas palabras, hágase la voluntad de Dios, en los bueyes de mi compadre.

Argumentó el presidente del Poder Judicial de Veracruz que la ley no podía pasar por alto el principio de la no retroactividad.

Así las cosas, una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación anunció la reducción salarial de 25% para sus ministros, veremos si Álvarez Peña, uno de los últimos aliados del yunismo en posiciones claves, estratégicas del estado, mantiene su discurso o termina por resignarse a los tiempos de austeridad.

@luisromero85

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