/ viernes 13 de julio de 2018

Política de austeridad total, habrá que ver si AMLO cumple

La campaña emprendida por el presidente electo, licenciado Andrés Manuel López Obrador, para desaparecer la nómina que contiene los salarios de las élites burocráticas de los tres órdenes de gobierno, no tiene precedente legal ni político. Desde su campaña, AMLO ganó con esa propuesta varios millones de simpatizantes, pues con esa sola motivación, acaparó una parte del gran total que rebasa los 30 millones de votos, contabilizados a su favor.

La gran diferencia entre los ingresos de los funcionarios públicos de alto nivel y las percepciones de los burócratas, de bajo perfil, es injustificable por la falta de uniformidad y congruencia puesto que se asemeja a una miscelánea de remuneraciones, bonos, prestaciones sociales y pago de honorarios que nadie entiende, ni le interesa comprender y justificar.

Quienes prestan sus servicios en el gobierno federal tendrán que aceptar la nueva regla impuesta por el presidente electo AMLO; ya que de cumplirse, tratará con el mismo rasero a los millones de trabajadores, de base y de confianza, que hacen funcionar todo el aparato oficial de la Federación.

Y en los gobiernos de los estados y en los municipios, sucederá lo mismo; porque al igual que en el gabinete ampliado federal, en los organismos públicos descentralizados y en las empresas y organismos de participación estatal, la crisis económica que impactará en el bolsillo de los trabajadores del Estado y sus familias, verán disminuido su nivel de vida. Pero todo el ahorro que resulte de la nueva política salarial que propone el presidente electo, servirá, para aliviar las carencias de quienes menos tienen, tal como se comprometió en campaña el presidente electo.

Lo que no fue considerado por los hombres del presidente electo y su grupo de inteligentes futuros colaboradores, es que para hacer posible la propuesta que se comenta, tendrán que derogarse primero las tesis de jurisprudencia que garantizan la procedencia, vigencia y efectividad de las prestaciones extralegales o superiores a las legales, ya que ni los actuales ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación están dispuestos a aceptar que les reduzcan sus altos ingresos que han defendido el día de ayer, descartando y rechazando por voz del presidente de la SCJN Ministro Luis María Aguilar Morales, esa descabellada idea.


La campaña emprendida por el presidente electo, licenciado Andrés Manuel López Obrador, para desaparecer la nómina que contiene los salarios de las élites burocráticas de los tres órdenes de gobierno, no tiene precedente legal ni político. Desde su campaña, AMLO ganó con esa propuesta varios millones de simpatizantes, pues con esa sola motivación, acaparó una parte del gran total que rebasa los 30 millones de votos, contabilizados a su favor.

La gran diferencia entre los ingresos de los funcionarios públicos de alto nivel y las percepciones de los burócratas, de bajo perfil, es injustificable por la falta de uniformidad y congruencia puesto que se asemeja a una miscelánea de remuneraciones, bonos, prestaciones sociales y pago de honorarios que nadie entiende, ni le interesa comprender y justificar.

Quienes prestan sus servicios en el gobierno federal tendrán que aceptar la nueva regla impuesta por el presidente electo AMLO; ya que de cumplirse, tratará con el mismo rasero a los millones de trabajadores, de base y de confianza, que hacen funcionar todo el aparato oficial de la Federación.

Y en los gobiernos de los estados y en los municipios, sucederá lo mismo; porque al igual que en el gabinete ampliado federal, en los organismos públicos descentralizados y en las empresas y organismos de participación estatal, la crisis económica que impactará en el bolsillo de los trabajadores del Estado y sus familias, verán disminuido su nivel de vida. Pero todo el ahorro que resulte de la nueva política salarial que propone el presidente electo, servirá, para aliviar las carencias de quienes menos tienen, tal como se comprometió en campaña el presidente electo.

Lo que no fue considerado por los hombres del presidente electo y su grupo de inteligentes futuros colaboradores, es que para hacer posible la propuesta que se comenta, tendrán que derogarse primero las tesis de jurisprudencia que garantizan la procedencia, vigencia y efectividad de las prestaciones extralegales o superiores a las legales, ya que ni los actuales ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación están dispuestos a aceptar que les reduzcan sus altos ingresos que han defendido el día de ayer, descartando y rechazando por voz del presidente de la SCJN Ministro Luis María Aguilar Morales, esa descabellada idea.