/ jueves 24 de junio de 2021

Por qué “renunció” Cadena

Aunque el gobernador Cuitláhuac García fue muy elogioso al despedir públicamente este lunes al exsecretario de Desarrollo Agropecuario, Eduardo Cadena Cerón...

Trascendió que entre el mandatario veracruzano y su excolaborador se dio previamente un fuerte encontronazo derivado del polémico Decreto 850, aprobado a finales de marzo pasado por la LV Legislatura local, que reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones de la Ley Ganadera para el Estado de Veracruz, por lo que ha sido impugnado por el consejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer Ibarra, quien el mes anterior promovió ante la Suprema Corte juicio de Controversia Constitucional en contra del Poder Ejecutivo estatal y Congreso local.

Mediante el Oficio No. 1. 833/2021, del 13 de mayo pasado, Scherer expone al ministro presidente Arturo Zaldívar que “el acto reclamado, parte del hecho de que el Ejecutivo Estatal transgredió el pacto Federal al emitir un Decreto que pretende otorgar facultades a las autoridades estatales en materia de Sanidad Animal que corresponden al ámbito de competencia de la Federación y en particular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural…”

Y es que el abogado del Poder Ejecutivo de la Federación señala que “la reforma del Decreto establece en sus artículos 70 y Octavo transitorio, que el gobierno cancele y sustituya el uso de arete del Sistema Nacional de Identificación Individual del Ganado (SINIIGA), por el instrumento de identificación para trazabilidad y rastreabilidad de movilidad animal autorizado por el Estado debiendo sustituirse en todas las disposiciones aplicables”, cuando el artículo 1 del Reglamento de la Ley Federal de Sanidad Animal establece “que sus disposiciones son de observancia general en todo el territorio nacional y su aplicación e interpretación –para efectos administrativos– son atribución de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, a través del Servicio de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria”.

Scherer remarca que en este caso, “el Ejecutivo Estatal no cuenta con atribuciones para establecer lo señalado en los párrafos anteriores a través del Decreto que se contraviene, mientras no le sean descentralizadas dichas atribuciones a través de Convenio, siendo el hecho que en el caso específico NO existe ningún Convenio celebrado por la Federación con el Estado de Veracruz para tales efectos, por lo que de propio derecho el Ejecutivo Estatal NO tiene atribuciones para realizar las acciones reclamadas y contenidas en el multicitado Decreto.”

Sin embargo, el Decreto controvertido estipula que todas las Guías de Tránsito deberán ser autorizadas por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y se expedirán a través del programa Guía Electrónica Veracruzana, cuyo cobro correspondiente se incluirá “a la brevedad posible” al Código de Derechos para el Estado de Veracruz, así como las adecuaciones necesarias para el cobro de las infracciones mediante la Oficina Virtual de Hacienda (OVH).

Por estas adecuaciones a la Ley Ganadera, el gobierno del estado estimaba ingresar alrededor de 140 millones de pesos al año.

Por eso, dicen, Cadena Cerón fue obligado a firmar su renuncia, al negarse a litigar contra la Federación.

Aunque el gobernador Cuitláhuac García fue muy elogioso al despedir públicamente este lunes al exsecretario de Desarrollo Agropecuario, Eduardo Cadena Cerón...

Trascendió que entre el mandatario veracruzano y su excolaborador se dio previamente un fuerte encontronazo derivado del polémico Decreto 850, aprobado a finales de marzo pasado por la LV Legislatura local, que reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones de la Ley Ganadera para el Estado de Veracruz, por lo que ha sido impugnado por el consejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer Ibarra, quien el mes anterior promovió ante la Suprema Corte juicio de Controversia Constitucional en contra del Poder Ejecutivo estatal y Congreso local.

Mediante el Oficio No. 1. 833/2021, del 13 de mayo pasado, Scherer expone al ministro presidente Arturo Zaldívar que “el acto reclamado, parte del hecho de que el Ejecutivo Estatal transgredió el pacto Federal al emitir un Decreto que pretende otorgar facultades a las autoridades estatales en materia de Sanidad Animal que corresponden al ámbito de competencia de la Federación y en particular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural…”

Y es que el abogado del Poder Ejecutivo de la Federación señala que “la reforma del Decreto establece en sus artículos 70 y Octavo transitorio, que el gobierno cancele y sustituya el uso de arete del Sistema Nacional de Identificación Individual del Ganado (SINIIGA), por el instrumento de identificación para trazabilidad y rastreabilidad de movilidad animal autorizado por el Estado debiendo sustituirse en todas las disposiciones aplicables”, cuando el artículo 1 del Reglamento de la Ley Federal de Sanidad Animal establece “que sus disposiciones son de observancia general en todo el territorio nacional y su aplicación e interpretación –para efectos administrativos– son atribución de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, a través del Servicio de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria”.

Scherer remarca que en este caso, “el Ejecutivo Estatal no cuenta con atribuciones para establecer lo señalado en los párrafos anteriores a través del Decreto que se contraviene, mientras no le sean descentralizadas dichas atribuciones a través de Convenio, siendo el hecho que en el caso específico NO existe ningún Convenio celebrado por la Federación con el Estado de Veracruz para tales efectos, por lo que de propio derecho el Ejecutivo Estatal NO tiene atribuciones para realizar las acciones reclamadas y contenidas en el multicitado Decreto.”

Sin embargo, el Decreto controvertido estipula que todas las Guías de Tránsito deberán ser autorizadas por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y se expedirán a través del programa Guía Electrónica Veracruzana, cuyo cobro correspondiente se incluirá “a la brevedad posible” al Código de Derechos para el Estado de Veracruz, así como las adecuaciones necesarias para el cobro de las infracciones mediante la Oficina Virtual de Hacienda (OVH).

Por estas adecuaciones a la Ley Ganadera, el gobierno del estado estimaba ingresar alrededor de 140 millones de pesos al año.

Por eso, dicen, Cadena Cerón fue obligado a firmar su renuncia, al negarse a litigar contra la Federación.

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