Por su incontrolable protagonismo, el diputado José Manuel Pozos Castro, presidente de la mesa directiva de la LXV Legislatura local, acaba de exponer al escarnio público al gobernador Cuitláhuac García.
Y es que no obstante que fue una acción de gobierno que los abogados veracruzanos le aplaudieron a la nueva administración estatal de MORENA, sin embargo la convocatoria que este lunes dieron a conocer el jefe del Ejecutivo y el diputado tuxpeño para la designación de 12 nuevos magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado mediante un nuevo mecanismo abierto y transparente, ha sido cuestionada por elementales errores de técnica legislativa y omisiones constitucionales que dejaron pasar los asesores jurídicos del Congreso local.
El que reparó en este imperdonable yerro legal del Poder Legislativo fue Eduardo de la Torre Jaramillo, de la asociación civil Podemos Veracruz, quien recomendó emitir una nueva convocatoria que debe ser aprobada por el Pleno de la Legislatura y la cual corresponde presentar a la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) que preside el diputado morenista Javier Gómez Cazarín, y no por el presidente de la mesa directiva, cuyos celos políticos hacia el legislador de Los Tuxtlas cada vez son más inocultables.
De la Torre Jaramillo puntualizó que además el gobernador no emite convocatorias sino que “propone magistrados”, de acuerdo a la Constitución Política de Veracruz.
El académico de la Facultad de Derecho en el Sistema Abierto de la Universidad Veracruzana declaró que el Artículo 40, fracción II, del Reglamento del Poder Legislativo establece claramente que es la JUCOPO la que debe emitir la convocatoria y someterla a votación ante el Pleno, y que luego de su aprobación entonces sí corresponde al presidente de la Mesa Directiva hacerla pública.
De la Torre señaló que la convocatoria presenta también graves errores y omisiones, ya que existe una Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales que es a la que compete la recepción de la documentación de los aspirantes a magistrados, por lo que resulta innecesario crear otra comisión para ello. Además indicó que en este tipo de convocatorias se conceden una o dos semanas para la recepción de documentos de los aspirantes y no sólo tres o cuatro días como se fijó en el documento presentado por García Jiménez y Pozos Castro. También consideró como una grave omisión que no se mencionara el número de magistrados a sustituir o designar, ya que es lo medular de esta convocatoria.
Criticó que el diputado Pozos Castro se extralimite en sus funciones, pues precisó que como presidente de la mesa directiva sólo le corresponde conducir las sesiones plenarias, llevar el orden del día, tomar lista de asistencia a los legisladores, concederles el uso de la tribuna, preservar la disciplina en el salón de sesiones y firmar las leyes o decretos que se aprueben para que sean promulgados por el jefe del Poder Ejecutivo.
