Hace algunos días el IMCO, cuyo director es el doctor en Política Pública, Juan E. Pardiñas, publicó el Índice de Información del Ejercicio del Gasto Público conocido por sus siglas IIEG, cuyo propósito es monitorear y comparar el gasto de las 32 entidades federativas mediante un lenguaje único, sencillo, comparable de la información financiera.
¿Qué es IMCO? Es un instituto para la competitividad, un centro de investigación apartidista sin fines de lucro que investiga y actúa con base en evidencia para proponer políticas públicas, financiado por la iniciativa privada; recibe donativos de empresas trasnacionales como Microsoft, Hewlett Fundation, Banco Mundial, Embajada Británica. Fundado en 2003, desde sus inicios y hasta el día de hoy se ha caracterizado por la frescura y éxito en el mercado de las ideas.
En la segunda edición de su índice, con el título “Simulación y Discrecionalidad”, analiza el gasto de las 32 entidades federales ejercido en el año 2018, concluye en conclusiones fundamentadas como:
Todas las entidades de la Republica violan la Ley General de Contabilidad Gubernamental con un cumplimiento del 59%.
El análisis realizado refleja falta de planeación e incumplimiento de los presupuestos de egresos y poca vigilancia de los congresos estatales.
Subestimación de los ingresos en un porcentaje menor al 20% y una contratación de deuda de 246% de la aprobada.
Hubieran tenido un ahorro de 226 mil millones si en los últimos tres años se hubieran apegado al presupuesto de egresos del gasto corriente, que equivale al 50% de la deuda subnacional.
En una conclusión general el estudio detalla el gasto por rubro, por exceso, por discrecionalidad, por opacidad y por aplicación que hacen los gobiernos estatales y no lo cita, pero es responsabilidad de los ejecutivos y la falta de vigilancia de los poderes legislativos estatales.
Los ingresos son subestimados, los egresos variaron al alza y la baja en 2 mil 016 conceptos; los ingresos excedentes permitieron un gasto mayor.
Su principal preocupación son los gastos burocráticos en donde en Jalisco el alza fue del 93%, ya ni se diga de otros conceptos como artículos de oficina, gasolinas, ceremonias oficiales, traslados y viáticos, y la corona es la comunicación social o publicidad oficial.
Resume: “Del dicho al hecho”, la austeridad es más un discurso público que una realidad en el gasto de los estados.
El primer paso sería que las entidades gastaran simplemente lo presupuestado sobre los montos ajustados en el presupuesto.
Esto es lo que dice el IMCO en su análisis con una información al detalle vastísimo de más de 250 hojas, un esfuerzo para ser un contrapeso al revelar datos que están en la ignorancia del pueblo, como dijera AMLO, “El pueblo manda”, qué puede mandar cuando no sabe nada, sólo los cercanos y los que le entienden.
Lo que no dijo esta institución es que desperdiciamos las armas que se consignan en las leyes, en el caso concreto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la de Disciplina Financiera.
Sencillito, que aplique el artículo 17 y 19 Frac. VI de la LGCG que destaca al referirse al sistema contable-presupuestal:
“Genere, en tiempo real, estados financieros, de ejecución presupuestaria y otra información que coadyuve a la toma de decisiones, a la transparencia, a la programación con base en resultados, a la evaluación y a la rendición de cuentas”.
Esto es tecnología, todos los bancos del país lo tienen y acabaron con roll-over, fraudes, opacidad y tienen una rendición de cuentas razonable, donde no opera el hombre lo hace el software.
Y el artículo 14 de la Ley de Disciplina Financiera en su artículo 14 Frac I cita que los excedentes de ingreso se apliquen a la deuda pública, adefas y pasivo circulante.
Concluiré por falta de espacio:
Una cosa es lo que se aprueba en el Congreso, donde se dan posicionamientos, se elaboran dictámenes, los ingresos se hacen ley y se pelean los egresos y se emite un decreto de presupuesto; y otra lo que se concluye; la gráfica adjunta lo explica a detalle.
Debemos exigir que se aplique el avance tecnológico, que se cumpla la ley en rendición de cuentas y que se cambie las leyes para que se vigile el ejercicio en el momento que sucede y que los congresos sea un verdadero representante del pueblo, con el fin que “El pueblo mande”.
