/ domingo 30 de septiembre de 2018

Pretende Congreso saliente golpe a críticos en redes sociales

El pasado jueves la mayoría panista en el Congreso local y otros diputados aprobaron deliberadamente, o sin analizar sus alcances, una adición al Código Penal del Estado que puede atentar contra la libertad de expresión, bajo el disfraz de castigar el “acoso sexual cibernético”.

De acuerdo con el comunicado oficial, los legisladores adicionaron el capítulo III Bis, y en éste, el artículo 196 Bis, al Título VI del Libro Segundo del Código Penal del Estado, para “imponer de seis meses a dos años de prisión, y hasta cien días de trabajo a favor de la comunidad, a quien, utilizando cualquier medio de comunicación digital, difunda información lesiva o dolosa de otra persona, revelando, cediendo o transmitiendo una o más imágenes, grabaciones audiovisuales o textos, que dañen su reputación o su autoestima y le causen con ello afectación psicológica, familiar, laboral o en su entorno cotidiano”. El referido texto no señala específicamente que sólo es para casos de “acoso sexual cibernético” y, por ese hecho, sea de aplicación general en modalidad de “acoso cibernético”, en opinión de especialistas en la materia, lo que iría contra el derecho a la libertad de expresión que garantiza el artículo sexto de la Constitución y en agravio a toda la sociedad, no solamente a los periodistas para quienes parecería tener dedicatoria, especialmente a quienes en forma chusca plasman sus críticas en los llamados “memes” que se dispersan en las redes sociales, por lo cual se ha denominado “Ley anti-memes”. ¿En realidad se trata de acallar críticas? Fidel Ordóñez Solana, abogado postulante y exsubprocurador de Justicia, uno de los que ha advertido sobre esta amenaza, afirmó que dejar esa adición al Código Penal en la forma en la que se redactó y aprobó se traduce nada más y nada menos que en “una ley antimemes, antiburlas y anticríticas, porque entonces cualquier persona nos va a decir que (alguna publicación incómoda o comentario en Facebook o twitter o u otra red social) daña su entorno familiar, laboral o en su entorno cotidiana”, sobre todo los políticos y buscarán proceder en su contra. Desde luego que una disposición penal como ésta que va contra el espíritu que ordena la Constitución Política y viola disposiciones universales sobre derechos humanos, los ciudadanos que eventualmente pudieran enfrentar esa aberrante ley, pueden acudir al amparo de la justicia federal para salvaguardar sus derechos; sin embargo, la intención importa, y abre la oportunidad de participar a representantes de todos los sectores veracruzanos para evitar que, como en este caso, el Congreso local haga de las suyas en la recta final de su controvertida actuación, plagada de ilegalidades, como ya se ha visto en otros casos, y muy recientemente en la aprobación de un fiscal anticorrupción a modo.

¿Y EL RESPONSABLE DEL ESPIONAJE EN EL PODER JUDICIAL?

Van a cumplirse casi dos semanas de que el consejero del Poder Judicial del estado, Mauricio Duck Núñez, denunció haber sido víctima de espionaje en su oficina, donde instalaron un sistema de audio y video-grabación conectado a una cámara oculta que funcionaba las 24 horas del día. Lo denunció públicamente en los medios de comunicación y acudió al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Edel Álvarez Peña, solicitándole investigar este gravísimo hecho, sobre todo por tratarse de un acto ilegal cometido en el mismísimo lugar donde se imparte o debería impartirse justicia. ¿Qué ha pasado? Nada se sabe. Lo procedente era que Duck presentara denuncia formal y la Fiscalía General investigara el delito denunciado, llamándose al banquillo incluso al propio Álvarez Peña, para declarar en torno al asunto, pues al menos resultaría sospechoso no estar enterado de todo lo que sucede al interior de esa institución. Si no Edel o el fiscal general, Mauricio Duck, debería dar la cara y señalar el resultado de la investigación, ¿o quedará sin castigo un hecho ilegal tan reprobable como es el espionaje en oficinas públicas? Si eso lo hicieron a este consejero, qué pueden esperarse los simples ciudadanos. Además, ese hecho muestra cómo se las gastan en el actual gobierno y el riesgo que eso significa para la administración entrante.

opedro2006@gmail.com



El pasado jueves la mayoría panista en el Congreso local y otros diputados aprobaron deliberadamente, o sin analizar sus alcances, una adición al Código Penal del Estado que puede atentar contra la libertad de expresión, bajo el disfraz de castigar el “acoso sexual cibernético”.

De acuerdo con el comunicado oficial, los legisladores adicionaron el capítulo III Bis, y en éste, el artículo 196 Bis, al Título VI del Libro Segundo del Código Penal del Estado, para “imponer de seis meses a dos años de prisión, y hasta cien días de trabajo a favor de la comunidad, a quien, utilizando cualquier medio de comunicación digital, difunda información lesiva o dolosa de otra persona, revelando, cediendo o transmitiendo una o más imágenes, grabaciones audiovisuales o textos, que dañen su reputación o su autoestima y le causen con ello afectación psicológica, familiar, laboral o en su entorno cotidiano”. El referido texto no señala específicamente que sólo es para casos de “acoso sexual cibernético” y, por ese hecho, sea de aplicación general en modalidad de “acoso cibernético”, en opinión de especialistas en la materia, lo que iría contra el derecho a la libertad de expresión que garantiza el artículo sexto de la Constitución y en agravio a toda la sociedad, no solamente a los periodistas para quienes parecería tener dedicatoria, especialmente a quienes en forma chusca plasman sus críticas en los llamados “memes” que se dispersan en las redes sociales, por lo cual se ha denominado “Ley anti-memes”. ¿En realidad se trata de acallar críticas? Fidel Ordóñez Solana, abogado postulante y exsubprocurador de Justicia, uno de los que ha advertido sobre esta amenaza, afirmó que dejar esa adición al Código Penal en la forma en la que se redactó y aprobó se traduce nada más y nada menos que en “una ley antimemes, antiburlas y anticríticas, porque entonces cualquier persona nos va a decir que (alguna publicación incómoda o comentario en Facebook o twitter o u otra red social) daña su entorno familiar, laboral o en su entorno cotidiana”, sobre todo los políticos y buscarán proceder en su contra. Desde luego que una disposición penal como ésta que va contra el espíritu que ordena la Constitución Política y viola disposiciones universales sobre derechos humanos, los ciudadanos que eventualmente pudieran enfrentar esa aberrante ley, pueden acudir al amparo de la justicia federal para salvaguardar sus derechos; sin embargo, la intención importa, y abre la oportunidad de participar a representantes de todos los sectores veracruzanos para evitar que, como en este caso, el Congreso local haga de las suyas en la recta final de su controvertida actuación, plagada de ilegalidades, como ya se ha visto en otros casos, y muy recientemente en la aprobación de un fiscal anticorrupción a modo.

¿Y EL RESPONSABLE DEL ESPIONAJE EN EL PODER JUDICIAL?

Van a cumplirse casi dos semanas de que el consejero del Poder Judicial del estado, Mauricio Duck Núñez, denunció haber sido víctima de espionaje en su oficina, donde instalaron un sistema de audio y video-grabación conectado a una cámara oculta que funcionaba las 24 horas del día. Lo denunció públicamente en los medios de comunicación y acudió al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Edel Álvarez Peña, solicitándole investigar este gravísimo hecho, sobre todo por tratarse de un acto ilegal cometido en el mismísimo lugar donde se imparte o debería impartirse justicia. ¿Qué ha pasado? Nada se sabe. Lo procedente era que Duck presentara denuncia formal y la Fiscalía General investigara el delito denunciado, llamándose al banquillo incluso al propio Álvarez Peña, para declarar en torno al asunto, pues al menos resultaría sospechoso no estar enterado de todo lo que sucede al interior de esa institución. Si no Edel o el fiscal general, Mauricio Duck, debería dar la cara y señalar el resultado de la investigación, ¿o quedará sin castigo un hecho ilegal tan reprobable como es el espionaje en oficinas públicas? Si eso lo hicieron a este consejero, qué pueden esperarse los simples ciudadanos. Además, ese hecho muestra cómo se las gastan en el actual gobierno y el riesgo que eso significa para la administración entrante.

opedro2006@gmail.com