Como hace un par de meses, la dirigente estatal del PRI, Lillian Zepahua, declaró que por concepto de multas derivadas de la fiscalización del órgano electoral el partido tricolor adeuda 41 millones 244 mil pesos con 89 centavos —lo que les ha obligado a reducir salarios, recortar personal e inclusive bajar la operatividad del partido en las actividades ordinarias—, entonces algunos militantes y exaspirantes al liderazgo del priismo veracruzano se preguntan por qué la premura de realizar en este momento una consulta directa a su militancia que obviamente implicará un doble gasto, cuando en septiembre próximo tendrá lugar otro proceso interno por la presidencia y secretaría general del CEN, el cual aceptó organizar el Instituto Nacional Electoral (INE) a solicitud de la dirigencia priista.
De hecho, el INE condicionó su participación a que el padrón priista tuviera corte de inscripción y actualización al menos dos meses antes de la elección, por lo que actualmente se realiza una campaña de afiliación y refrendo de la militancia.
Sin embargo, la elección interna en Veracruz, que se efectuará el próximo domingo 28, se basará en un listado anterior.
Esto inconformó al exdelegado de IMSS, Antonio Benítez Lucho, quien declinó contender por la presidencia del CDE del PRI, pues proponía que el proceso interno de Veracruz se empatara con el nacional y se actualizara el padrón de militantes.
El diario El Universal publicó ayer que “los dos partidos con los listados más grandes, el PRI y el PRD, enfrentan el problema más grave, pues a juzgar por el número de quejas de afiliación forzosa e inconsistencias detectadas por el INE al corte del 14 de enero pasado, habrían inflado sus listados de militantes”.
El periódico capitalino detalla que, según el órgano electoral federal, “el PRI tenía en enero 51 mil 338 adeptos duplicados y 9 mil 585 inconsistencias en su listado reportado al instituto, el cual registra 6.6 millones de miembros”.
“Además, 10 mil 134 personas acusaron al tricolor de afiliación indebida. Sólo una parte de esos casos fue resuelta y causó multas al PRI por 6.4 millones de pesos.
“Las miles de denuncias pendientes implicarían, sólo para el PRI, 422.2 millones de pesos más, pero gracias al proceso excepcional de depuración de padrones se congelaron todos los procedimientos sancionadores”, puntualiza el diario, detallando que “según este proceso, los partidos ‘descargarán masivamente’ —bajarán del padrón— a miles de quejosos y a militantes en cuyo expediente no hay cédula de afiliación voluntaria, y quedarán a reserva para revisar uno por uno esos casos”.
Supuestamente, “el PRI está en revisión de su base de datos, así que visitará a sus afiliados para corroborar su deseo de permanencia”.