/ domingo 6 de enero de 2019

Programas sociales, opacidad y corrupción

Para 2019, el gobierno federal determinó reorientar el gasto en todos los rubros de la administración pública.

Las acciones anunciadas en materia de desarrollo social, por ejemplo, implican la revisión de cerca de 150 programas y el recorte en al menos 100 de ellos, a efecto de que se queden como prioridades la pensión para el bienestar de los adultos mayores, 68 y más; y el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, entre otros.

Sólo 10 programas serán la base de la política de desarrollo social en nuestro país; en tanto que la mayoría de las acciones federales del anterior sexenio para combate a la pobreza se quedarán en el pasado. El Programa de Empleo Temporal, por ejemplo, que estaba a cargo de Sedesol, Semarnat y SCT, desaparecerá, al igual que el Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos (que operaban la antigua Sedesol, hoy Secretaría de Bienestar, y Sectur) y el de Comedores Comunitarios.

Veracruz, por cierto, contaba con más de 250 comedores comunitarios, que desaparecen a partir de 2019.

A mediados de diciembre pasado, en el marco de la discusión del paquete económico, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara Baja, adelantó que se compactarían las acciones sociales con la finalidad de evitar el dispendio en programas de poca efectividad, así como la duplicidad de funciones.

En pocas palabras, el programa cuyo costo fuera mayor al beneficio social que genera sería eliminado para prestar más atención presupuestal a las acciones prioritarias, como las relacionadas con los jóvenes, los adultos mayores y las personas en condición de vulnerabilidad. De esa manera, el presupuesto 2019 consideró la eliminación del gasto con poco impacto.

Dato ilustrativo, el centro de análisis Gestión Social y Cooperación realizó una evaluación, a mediados de 2018, a 136 programas enfocados a la atención de las carencias sociales en México; sólo 14 de ellos presentaron resultados óptimos, en tanto que casi 90% de las acciones gubernamentales de desarrollo social registraron deficiencias.

En Veracruz de forma reciente fue abordado dicho tema por el delegado del gobierno federal en la entidad, Manuel Huerta, quien habló de una revisión de programas y de la depuración de los padrones en la Secretaría de Bienestar.

El funcionario se refirió también a la sospecha de desvíos de recursos a través de beneficiarios “fantasma”, gente cuyo nombre aparece en los padrones pero que en la realidad no recibieron apoyo alguno.

Dijo Huerta que el objetivo del nuevo gobierno es evitar el uso incorrecto de los recursos; y puso como ejemplo las presuntas irregularidades detectadas en el programa Prospera.

Esos temas, la reorientación de los programas sociales y la revisión de los padrones que manejó la antigua Sedesol, son mucho más importantes de lo que podrían parecer, dado que no sólo revelarían actos de corrupción en dicha dependencia, sino que explicarían el escaso avance que ha registrado nuestro país en materia de combate a la pobreza.

En la entidad, a pesar de la inversión en programas sociales, el nivel de la pobreza sigue casi igual que hace más de una década. No hay avances importantes: más de la mitad de los habitantes de la entidad vive en condición de pobreza y las carencias sociales alcanzan a una cuarta parte de la población.

Habría que decir que las brigadas de Sedesol, por ejemplo, eran usadas más como estructuras electorales que como herramientas del gobierno para el combate a la pobreza; en esa dependencia ha prevalecido la opacidad, la discrecionalidad y los criterios clientelares.

De ahí la importancia de reorientar y hacer eficiente el gasto en materia de desarrollo social; y depurar los padrones de beneficiarios con la finalidad de evitar la opacidad y la corrupción, porque de nada sirve un millonario presupuesto si éste no se traduce en acciones eficientes para reducir las carencias y los niveles de pobreza.

@luisromero85

Para 2019, el gobierno federal determinó reorientar el gasto en todos los rubros de la administración pública.

Las acciones anunciadas en materia de desarrollo social, por ejemplo, implican la revisión de cerca de 150 programas y el recorte en al menos 100 de ellos, a efecto de que se queden como prioridades la pensión para el bienestar de los adultos mayores, 68 y más; y el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, entre otros.

Sólo 10 programas serán la base de la política de desarrollo social en nuestro país; en tanto que la mayoría de las acciones federales del anterior sexenio para combate a la pobreza se quedarán en el pasado. El Programa de Empleo Temporal, por ejemplo, que estaba a cargo de Sedesol, Semarnat y SCT, desaparecerá, al igual que el Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos (que operaban la antigua Sedesol, hoy Secretaría de Bienestar, y Sectur) y el de Comedores Comunitarios.

Veracruz, por cierto, contaba con más de 250 comedores comunitarios, que desaparecen a partir de 2019.

A mediados de diciembre pasado, en el marco de la discusión del paquete económico, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara Baja, adelantó que se compactarían las acciones sociales con la finalidad de evitar el dispendio en programas de poca efectividad, así como la duplicidad de funciones.

En pocas palabras, el programa cuyo costo fuera mayor al beneficio social que genera sería eliminado para prestar más atención presupuestal a las acciones prioritarias, como las relacionadas con los jóvenes, los adultos mayores y las personas en condición de vulnerabilidad. De esa manera, el presupuesto 2019 consideró la eliminación del gasto con poco impacto.

Dato ilustrativo, el centro de análisis Gestión Social y Cooperación realizó una evaluación, a mediados de 2018, a 136 programas enfocados a la atención de las carencias sociales en México; sólo 14 de ellos presentaron resultados óptimos, en tanto que casi 90% de las acciones gubernamentales de desarrollo social registraron deficiencias.

En Veracruz de forma reciente fue abordado dicho tema por el delegado del gobierno federal en la entidad, Manuel Huerta, quien habló de una revisión de programas y de la depuración de los padrones en la Secretaría de Bienestar.

El funcionario se refirió también a la sospecha de desvíos de recursos a través de beneficiarios “fantasma”, gente cuyo nombre aparece en los padrones pero que en la realidad no recibieron apoyo alguno.

Dijo Huerta que el objetivo del nuevo gobierno es evitar el uso incorrecto de los recursos; y puso como ejemplo las presuntas irregularidades detectadas en el programa Prospera.

Esos temas, la reorientación de los programas sociales y la revisión de los padrones que manejó la antigua Sedesol, son mucho más importantes de lo que podrían parecer, dado que no sólo revelarían actos de corrupción en dicha dependencia, sino que explicarían el escaso avance que ha registrado nuestro país en materia de combate a la pobreza.

En la entidad, a pesar de la inversión en programas sociales, el nivel de la pobreza sigue casi igual que hace más de una década. No hay avances importantes: más de la mitad de los habitantes de la entidad vive en condición de pobreza y las carencias sociales alcanzan a una cuarta parte de la población.

Habría que decir que las brigadas de Sedesol, por ejemplo, eran usadas más como estructuras electorales que como herramientas del gobierno para el combate a la pobreza; en esa dependencia ha prevalecido la opacidad, la discrecionalidad y los criterios clientelares.

De ahí la importancia de reorientar y hacer eficiente el gasto en materia de desarrollo social; y depurar los padrones de beneficiarios con la finalidad de evitar la opacidad y la corrupción, porque de nada sirve un millonario presupuesto si éste no se traduce en acciones eficientes para reducir las carencias y los niveles de pobreza.

@luisromero85