Desde el accidente de Chernovil en 1986, en Ucrania, se encendieron los focos rojos por el peligro que representa el funcionamiento de la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde.
Sobre todo para la población de la zona donde se encuentra localizada y los municipios circunvecinos de La Antigua, incluso poblaciones localizadas a kilómetros de distancia como Xalapa y el puerto de Veracruz, no sólo por utilizar el mismo tipo de reactor que explotó en esa central nuclear de Europa Oriental, sino por la construcción de la PNLV sobre terrenos de incidencia sísmica y la negligencia de funcionarios que la han dirigido, según las denuncias de los físicos matemáticos Miguel Ángel Valdovinos Terán y Bernardo Salas Mar, exempleados de esta planta que fueron despedidos hace más de dos décadas por denunciar irregularidades operativas y fugas radiactivas que desde entonces se presentaban y afectaban a los trabajadores y al medio ambiente.
Salas Mar, actualmente catedrático de la Facultad de Ciencias en la UNAM, ha seguido insistiendo en ese peligro que representa para los empleados y la población el mal funcionamiento de Laguna Verde. Desde luego que esa situación ha sido negada por los directivos de la planta, como recientemente lo hizo Héctor López Villarreal, coordinador corporativo de dicha central, quien además señaló que está por renovarse la licencia de operación de la Unidad I de LV por los siguientes 30 años y de la Unidad II programa hacerlo en 2025.
“Nunca se han presentado incidentes graves, ya sea liberación de radiación a la atmósfera o dosis fuera de los estándares al personal. De haberse presentado un incidente grave, la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias ya hubiera revocado la licencia”, expuso en una conferencia de prensa.
Sin embargo, el juez quinto de Distrito Especializado en Materia de Trabajo del Primer Circuito con sede en la Ciudad de México, acaba de ordenar al director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, y al director de la Central Nucleoeléctrica, Ricardo Córdova Quiroz, otorgar atención médica especializada inmediata a la extrabajadora de la PNLVe, Ana Luisa Valladares, por la grave afectación a su salud por contaminación de cobalto ocurrido el 20 de agosto de 2017, cuando se realizó la recarga de combustible de uno de los reactores, proceso que implica un alto nivel de riesgo debido a la radiación emitida por tuberías y válvulas. En este incidente resultaron afectados cinco trabajadores, dos de ellos de gravedad, incluida Valladares.
El asunto inquieta porque al momento de ocurrir, la exempleada alertó del riesgo, pero la advertencia fue ignorada, como se hizo hace dos décadas con Valdovinos Terán y Salas Mar. Esto demuestra que las fugas radiactivas que existen tratan de ocultarse y negarse por las autoridades de la CFE, y muy probablemente ya estén afectando a los habitantes de los municipios circundantes de dicha Central. Hace años, ganaderos, agricultores y pescadores, junto con la sociedad civil, como la organización Madres Veracruzanas, hicieron un frente común y alzaron la voz para exigir una auditoría independiente a LV que determinara si realmente es segura, pero ante la cerrazón del gobierno, esas protestas se fueron extinguiendo hasta desaparecer.
¿El caso de Ana Luisa Valladares volverá a poner en el tapete de la discusión el riego de contaminación que representa la nucleoeléctrica? Es probable que sí, y además tendrá que ser exigible que la CFE cumpla con las medidas de seguridad que prevé el Programa de Emergencia Radiológica Externa (PERE), que considera suficiente y adecuados albergues, que no los hay en buen estado, para utilizarse en caso de ocurrir alguna eventualidad, así como caminos de emergencia, que igual que los albergues se encuentran en pésimo estado, estrechos e intransitables y, en caso de una evacuación se convertirían en una verdadera trampa.
A ver ahora con qué salen las autoridades para hacer frente a esa orden del juez federal dándole la razón a la extrabajadora afectada por radiactividad.
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