Ineficiencia y corrupción, son las principales causas del desastre económico que se vive en México, en donde se involucra a personajes que han desempeñado puestos públicos desde el más alto nivel, incluidos servidores públicos de la 4T, que sobreviven a pesar del acaparamiento de la riqueza y el abuso autoritario del poder, que se han exhibido públicamente en los últimos años.
Pareciera que la justicia en este país tuviera filiación política y en tal caso, los de adelante sólo han procedido a juzgar a los de atrás, sin resarcir el daño a la población que padece una miseria indignante, por falta de empleos, alimentación, medicamentos y otras tantas necesidades básicas que solo aparecen consignadas como un adorno en la Carta Magna, a pesar de que se trata de derechos humanos de toda persona, según lo consignan los artículos 1º y 4º de la Ley Fundamental.
A partir de ayer, la noticia que ha cimbrado a México, convertida en la principal tendencia en redes sociales, es la divulgación de una supuesta orden de aprehensión emitida por un juez y solicitada por la Fiscalía General de la República, a cargo del doctor Alejandro Gertz Manero, en contra del empresario Miguel N, nieto del primer presidente civilista de México, después de los gobiernos militares emanados de la Revolución Mexicana, don Miguel Alemán Valdés.
El empresario investigado es hijo del exgobernador de Veracruz, Miguel Alemán Velasco, apreciado y reconocido por su honestidad y don de gentes y de la señora Cristiane Magnani de Alemán, quienes ahora resultan víctimas del linchamiento que se ha hecho en contra de su vástago, quien mediáticamente ha sido juzgado y sentenciado sin haber sido oído y vencido en juicio.
Quienes hayan ordenado y pagando publicaciones y boletines de prensa, haciendo aseveraciones y señalamientos en contra del presunto investigado, incurren en la violación al principio que constituye la base del nuevo sistema penal: la presunción de la inocencia. Tocará a los defensores del hijo del exgobernador argumentar y probar la inocencia de su representado y corresponderá sin duda, al Poder Judicial federal decidir sobre su culpabilidad o inocencia.
