/ miércoles 24 de junio de 2020

Que AMLO deje a los especialistas el arbitraje electoral

El anuncio hecho por el presidente López Obrador, de que será “guardián de elecciones”, no fue bien aceptado por diversos sectores sociales, pues como afirma el presidente del INE, Lorenzo Córdova, ya existen funcionarios del Instituto Nacional Electoral, así como representantes de partidos políticos, especializados en derecho electoral y en la preparación y desarrollo de elecciones, que han legitimado a las autoridades municipales, estatales y federales, incluida la elección del propio presidente en funciones.

Existe también el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con carácter autónomo y presupuesto propio, cuya misión es garantizar que se cumpla con la normatividad aplicable a cada elección y en sesiones públicas los magistrados que lo integran analizan las impugnaciones e inconformidades planteadas por los candidatos, partidos políticos o población que sienta vulnerados sus derechos políticos. El Tribunal se distribuye en una Sala Superior, una Sala Regional Especializada y cinco Salas Regionales, ubicadas en Guadalajara, Monterrey, CdMx, Toluca y Xalapa.

¿Para qué anuncia el presidente Andrés Manuel que se convertirá en vigía y guardián electoral? Según su expresión para “denunciar intentos de fraude”, como cualquier ciudadano. Pasa por alto el Ejecutivo federal la gran responsabilidad que recae en su honroso cargo y el cúmulo de facultades y obligaciones que le competen constitucionalmente, además de que él, por el cargo que ostenta, no es un ciudadano cualquiera.

Solo para tener una idea del trabajo que debe realizar el presidente López Obrador durante los seis años que dura el periodo presidencial, habría que leer en la Constitución federal el artículo 89 y sus 20 fracciones, y con ello comprenderíamos que se necesita ser un “súper hombre” para ser un gobernante ejemplar. El presidente no debe obligarse a lo que humanamente no es posible y retirar o retractarse de su buena intención de cuidar el proceso electoral, que no le compete por disposición de la ley y que en todo caso, si insiste en ello, tendría que pedir licencia al cargo de presidente de México.

La democracia mexicana, con sus árbitros electorales y partidos políticos, ha funcionado razonablemente bien. La prueba es que no ha habido golpes de Estado o cuartelazos desde que el general Victoriano Huerta traicionó al presidente Madero, hace más de cien años.

El anuncio hecho por el presidente López Obrador, de que será “guardián de elecciones”, no fue bien aceptado por diversos sectores sociales, pues como afirma el presidente del INE, Lorenzo Córdova, ya existen funcionarios del Instituto Nacional Electoral, así como representantes de partidos políticos, especializados en derecho electoral y en la preparación y desarrollo de elecciones, que han legitimado a las autoridades municipales, estatales y federales, incluida la elección del propio presidente en funciones.

Existe también el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con carácter autónomo y presupuesto propio, cuya misión es garantizar que se cumpla con la normatividad aplicable a cada elección y en sesiones públicas los magistrados que lo integran analizan las impugnaciones e inconformidades planteadas por los candidatos, partidos políticos o población que sienta vulnerados sus derechos políticos. El Tribunal se distribuye en una Sala Superior, una Sala Regional Especializada y cinco Salas Regionales, ubicadas en Guadalajara, Monterrey, CdMx, Toluca y Xalapa.

¿Para qué anuncia el presidente Andrés Manuel que se convertirá en vigía y guardián electoral? Según su expresión para “denunciar intentos de fraude”, como cualquier ciudadano. Pasa por alto el Ejecutivo federal la gran responsabilidad que recae en su honroso cargo y el cúmulo de facultades y obligaciones que le competen constitucionalmente, además de que él, por el cargo que ostenta, no es un ciudadano cualquiera.

Solo para tener una idea del trabajo que debe realizar el presidente López Obrador durante los seis años que dura el periodo presidencial, habría que leer en la Constitución federal el artículo 89 y sus 20 fracciones, y con ello comprenderíamos que se necesita ser un “súper hombre” para ser un gobernante ejemplar. El presidente no debe obligarse a lo que humanamente no es posible y retirar o retractarse de su buena intención de cuidar el proceso electoral, que no le compete por disposición de la ley y que en todo caso, si insiste en ello, tendría que pedir licencia al cargo de presidente de México.

La democracia mexicana, con sus árbitros electorales y partidos políticos, ha funcionado razonablemente bien. La prueba es que no ha habido golpes de Estado o cuartelazos desde que el general Victoriano Huerta traicionó al presidente Madero, hace más de cien años.