Tal parece que quienes asesoran o promueven las campañas de desprestigio contra determinadas figuras públicas, siguen un “Manual” en el que cuando los argumentos fallan, se pasa a la fase de la filtración de información presuntamente confidencial.
Esto parece ocurrir en la escena estatal con la filtración de una nómina del Órgano de Fiscalización Superior del Veracruz, Orfis, de cara al proceso de sucesión o reelección que se vive en esa instancia.
Quienes pretendieron causar un daño al actual auditor estatal y por cierto, más firme prospecto a continuar en el cargo, Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, realmente causaron más daños colaterales a otros actores públicos.
Al desmentir que ganara más de 126 mil pesos mensuales, el aludido auditor remitió confirmar su sueldo en el Portal de Transparencia donde se maneja que él sí cumple con la Ley de Austeridad, promovida por los gobiernos de la Cuarta Transformación y su sueldo es de 74 mil 292 pesos.
De hecho, el Orfis y la Comisión para la Atención y Protección de Periodistas son los únicos entes autónomos de Veracruz que sí cumplen con esta disposición legal que obliga a los funcionarios a ganar menos que el Presidente de la República o el Gobernador del Estado.
Lo que esta polémica arroja es conocer a los organismos que no cumplen esta Ley de Austeridad como son los titulares del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, la Fiscalía General del Estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Universidad Veracruzana, cuyos titulares ganan más que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.
Según información publicada en los portales de transparencia, quienes tienen un sueldo mayor al gobernador del estado son Alejandro Bonilla Bonilla, titular del OPLE, con 138 mil 697 pesos; la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, con 126 mil 364 pesos.
También el magistrado del Tejav, el yunista Pedro García Montañez, con 121 mil 387 pesos; la Comisionada presidente del IVAI, Yolli García Álvarez, con 89 mil 159 pesos, reconocida por sus famosos viajes y gastos en viáticos.
En el mismo incumplimiento se encuentran el Fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz, con 85 mil 372 pesos; y la titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Namiko Matzumoto Benítez, con 80 mil 765 pesos.
Por lo tanto, queda evidenciado el intento fallido por denostar el trabajo del auditor estatal, quien con sensatez ha advertido que esto es parte de una campaña que hay en su contra, pero sobre todo, contra el ORFIS, por los resultados que ha dado en materia de fiscalización, así como de las denuncias que ha presentado en los casos de desvíos de recursos que han sido detectados. Portilla Vásquez no está nada alejado de la realidad. @luisromero85
