En el puerto de Veracruz, desde hace varias semanas el Ayuntamiento está cometiendo grave violación a la ley que afecta los derechos de los trabajadores; esa administración, de filiación panista, no sólo quiere escamontear el legítimo pago de horas extras, o de tipo extraordinario por laborar en días festivos, que por ley corresponde al gremio operativo de la Limpia Pública (LP), alrededor de 800 en una ciudad que genera unas 600 toneladas diarias de basura, sino que, en otro acto contrario a la ley, los desplaza con la contratación de nuevo personal de confianza para realizar idéntidas labores pagándoles lo mismo, lo que contradice aquello de que es una medida para que el gobierno municipal ahorre 23 millones de pesos al año, es una falsa justificación. La alcaldesa Patricia Lobeira Rodríguez, o quien realmente ordena en Palacio Municipal, su marido Miguel Ángel Yunes Márquez, lleva ya tres meses sin entregar las despensas que desde hace décadas esos trabajadores han recibido mensualmente. En realidad, es un capricho del gobierno local. Hace tres meses fue enviado al edificio sindical de trabajadores de la LP un transporte con los productos a granel que integran esas despensas, y aunque dudaron en recibir las mercancías de ese modo, el sindicato las aceptó bajo la condición de que las siguientes entregas se hicieran debidamente integradas, de forma individual, lo cual no sucedió, y desde entonces los empleados sindicalizados dejaron de recibir esa prestación incluida en las condiciones generales de trabajo. Esa política chicharronera con la que actúan en Palacio Municipal, como en este caso, ha ido escalando. Debido a esta causa, el Ayuntamiento les notificó que ya no se presentaran a trabajar en días festivos porque no había recursos disponibles para hacerles un pago extraordinario. Los trabajadores de todos modos acudieron a “checar”, por aquello de que fueran a levantarles actas de abandono de trabajo, y ahí se quedaron en espera de que les asignasen vehículos recolectores, que fueron ocupados por el personal de confianza recién contratado. Es la primera vez, en casi 70 años de existencia de esta agrupación sindical, que enfrentan un conflicto de este tipo con su patrón municipal. Todos los alcaldes, algunos más otros menos, por el contrario, han optado por retribuir el esfuerzo de estos trabajadores que no importa si hay “nortes”, lluvias o calores extremos, si son días festivos, ellos realizan la recolección de desechos de manera ejemplar, haciéndolo en el mejor servicio público que tiene el puerto. Incluso, en los dos años de la pandemia, ningún día suspendieron sus actividades, aún con los riesgos a su salud. Hubo, hasta la fecha, por esa y otras causas casi 30 muertes, incluidos atropellamientos fatales. El maltrato es innecesario, y aunque se trata de una organización fuerte y su dirigente, aparte, es líder estatal de la CROC, ha habido una respuesta prudente con el gobierno municipal, a quien se le ha solicitado que se respeten sus derechos. Es probable que como se encuentran las cosas, sobre todo por el propósito de querer someter al gremio sindical a las causas políticas del grupo panista en el poder, este conflicto pueda escalar. Ya se verá qué sucede más adelante, sobre todo porque se trata de una organización combativa y lo que reclaman es lo justo, dentro del marco de la ley.
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