Aumenta la división al interior de Morena después de un proceso electoral interno “amañado”, según la visión de Yeidckol Polevnsky. El partido que le permitió al presidente Andrés Manuel López Obrador un triunfo arrollador en su tercer intento por llegar a Palacio Nacional, se ha partido en dos.
Tal parece que el diputado federal con licencia Alfonso Ramírez Cuéllar, quien ahora se ostenta como dirigente nacional de Morena, trae la consigna de “divide y vencerás”, no sólo al interior de su partido, sino también de dividir a los contribuyentes con la iniciativa de ley que promueve para otorgarle al INEGI facultades de fiscalización, para medir la concentración de la riqueza de quienes, con sus aportaciones, sostienen el gasto público.
Las organizaciones que agrupan a los miembros de la iniciativa privada ya rechazaron el planteamiento de Ramírez Cuéllar, a quien el propio AMLO tuvo que frenar para evitar abrir otro frente de confrontación política innecesario, inoportuno y fuera de lugar, sobre todo en este periodo de bancarrota económica e inactividad laboral a causa de la pandemia.
Hasta el líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, se deslindó de la absurda iniciativa del exdirigente y fundador del Barzón, identificado porque en diciembre de 2002, siendo diputado bajo las siglas del PRD, entró a caballo hasta su curul en el recinto de San Lázaro. El argumento de Monreal se apoya en que no se ha consultado a las bases de su partido y porque, además, su propuesta implica una “progresividad fiscal”, que ya generó confusión y polarización.
Estudiosos del derecho tributario afirman que cuando el legislador no conoce la doctrina del derecho fiscal o la pasa por alto, la legislación que produce será un fracaso. Los recaudadores del fisco han olvidado o ignoran el “sacrificio del contribuyente”, que desembolsa dinero de su propio peculio para contribuir al gasto público y por ello debe ser lo menos gravoso posible.
Más ahora que el desvío de recursos públicos y la corrupción de los políticos están a la orden del día y no hay institución pública que aplique la ley (a secas) para obligar a los políticos ladrones a devolver al pueblo lo robado, pues como se ha visto prefieren pagar con cárcel antes que regresar al Estado el producto de sus fraudes. Por lo visto, la justicia fiscal no existe.
