La reforma constitucional en materia electoral recientemente enviada al Congreso de la Unión por el presidente de la República, tiene como propósito exclusivo, como objetivo único, la intención de desaparecer al INE, tal y como está integrado actualmente.
No perdamos de vista esta intencionalidad en el debate y no permitámonos distraernos con los detalles. Los demás temas incluidos en la reforma, simplemente son distractores, más allá de la popularidad, novedad o importancia que en sí mismos puedan contener y la pertinencia de incorporarlos a la Constitución.
La pretensión de desaparecer al INE –por parte del gobierno de la República y Morena-, se encuentra cuidadosamente disfrazada en un conjunto de modificaciones que, por sus propios méritos, deben analizarse con toda profundidad y que, por distintas razones, contienen un fuerte respaldo popular y un alto grado de aceptación entre la sociedad.
Resulta evidente reconocer la enorme popularidad que tiene entre la gente, la acción de disminuir el financiamiento público para elecciones y partidos políticos, o la también disminución en el número de legisladores que integrarían las Cámaras federales o locales, así como la conformación de Ayuntamientos con un número menor de regidores. En principio la población alegremente respaldaría estas medidas como igualmente apoyaría la realización de campañas proselitistas no tan regionalmente focalizadas u organismos electorales menos burocratizados. En esto se encuentra la gran falacia que encierra esta reforma.
Porque si lo pensamos con calma, precisamente la instrumentación de estos asuntos tan bien aceptados por la sociedad, permiten distraer la atención pública sobre el motivo real de la reforma que es la desaparición del INE actual, e influir en la integración del nuevo árbitro electoral. En pocas palabras: que se hable de ello para no hablar de esto.
Y, sin embargo, la propuesta de reforma electoral vista en su conjunto, abre la puerta al retroceso democratizador de lo hasta hoy conseguido. Permite la configuración de un sistema electoral menos competitivo y propicia evidentes ventajas a favor del partido en el ejercicio del poder.
La reforma propone la desaparición del INE y la conformación de un órgano electoral sustituto llamado INEC, compuesto por siete consejeros electos directamente a través del voto popular y cuya duración será por seis años. Los candidatos serán propuestos por la presidencia de la República, el Congreso y la Corte, en número de 20 personas por cada uno de los poderes públicos. Aún ante la prohibición constitucional expresa, ¿alguien pensaría que las campañas electorales, la movilización, la representación política, el proselitismo sin candidato, estarían ajenas a las estructuras de los partidos políticos?; ¿alguien apostaría que la elección de los consejeros electorales no estaría “partidizada”?; ¿se avanza o se retrocede en la integración del árbitro electoral? Las mismas preguntas se ocupan para el caso de los magistrados al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quienes deberían ser electos, en campaña, por el voto popular.
Por el análisis de estos argumentos y, en espera de reflexionar próximamente los temas de financiamiento público, acceso a medios de comunicación, desaparición de órganos locales, disposiciones que le dan una inmerecida ventaja al partido en el gobierno, es que esta reforma enmarca un retroceso para la vida democrática nacional. Que no haya duda. Votaré en contra.
Diputado federal. PRI
