Las constituciones y el liberalismo tienen históricamente una relación secuencial en la existencia de toda sociedad humana, en la mayoría de sus casos vienen precedidos de la destrucción o desmoronamiento de regímenes que eran auténticos desequilibrios o ventajosos solo para un sector de la sociedad.
La reforma al sector eléctrico comienza a ser un tema de agenda nacional, lo cual es totalmente válido y debe ser en todo momento tratado en ese contexto, sin embargo, resulta necesario también que el tema se maneje con la mejor de las certezas y apego a la verdad que se pueda, o más aún, toda vez que se trata no solo de una reforma constitucional importante, sino de una reforma constitucional que impacta la parte económica de nuestra nación. Los artículos 25, 27 y 28 de la Carta Magna establecen no solo aspectos sociales, sino que contienen la columna vertebral de nuestra participación o no en materia económica como país, son como el propio texto constitucional lo dice: reguladores de actividades que generen riqueza y estabilidad a un país completo.
El análisis y el propio entendimiento de la reforma en materia eléctrica pasa invariablemente por el conocimiento histórico del desarrollo económico de nuestro país, incluso desde el decreto hecho por el General Lázaro Cárdenas del Río para la creación, el 14 de agosto de 1937, de la Comisión Federal de Electricidad, cuya intención fundamental era la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, comenzándose así a delinear la necesidad de regulación y participación por parte del Estado en esta importante, hasta ese momento, actividad; recordemos el contexto histórico: un México saliendo de su tercera transformación, un México postrevolucionario que necesitaba mayores condiciones de igualdad y una de ellas lo representaba el poder darle un impacto social al manejo de la energía eléctrica, que a su vez llegara a los hogares mexicanos.
Para 1960 fue promulgada la que sería una reforma constitucional, con mayor grado de certeza e incluso de avanzada, ya ni decir abiertamente progresista, como su propio autor, Adolfo López Mateos, quien le pone orden a la Carta Magna en su numeral 27 estableciendo con claridad que: “Corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer la energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público…”. Ya en aquella época el mandatario vislumbraba a futuro o incluso veía en el presente la amenaza de la corrupción, pero también que este sector necesitaba ser vigilado, tal vez a su modo histórico en su contexto de realidad, pero él deja ver la necesidad de tener un Estado no controlador, ni absoluto en esta materia, sino más bien participativo, regulador y garante, para muestra su discurso alusivo a este tema: “…Hemos de velar todos porque la industria eléctrica en México se maneje con la mayor limpieza, para que todos sus beneficios sean para el pueblo y solo para el pueblo.
Y todos estaremos atentos y vigilantes para señalar con índice de fuego y para castigar en forma adecuada a quienes falten a la lealtad que deben a la patria y al pueblo…”. Y no se equivocaba, al paso de los años ambos personajes, Cárdenas y López Mateos pueden o no, por quienes quieran, ser juzgados con ese ánimo maniqueo que nos caracteriza, todo personaje político después al ser juzgado por la historia, tiene claroscuros, válidos según se pueda observar, nadie escapa a este juicio, ni siquiera el hombre más maravilloso de la historia lo pudo: Jesús.
Ahora la circunstancia en efecto es distinta, pero la necesidad mayormente apremiante, al paso que vamos con la reforma neoliberal del 2013, de no modificarse reducirá a la CFE a solo un 10% de participación y una nula producción y energías amigables.
La reforma propuesta por el Ejecutivo no es absoluta, plantea un 54% de control del Estado y deja un restante 46% para los privados, coloca la empresa de gobierno como solo un ente regulador, participativo y sobretodo, garante de apoyar a las familias mexicanas con un acceso digno a la energía eléctrica y un cobro que ayude a la economía doméstica, circunstancias que no pasan con el modelo neoliberal que se planteó en el 2013 y que nos tiene en una coyuntura límite para dar un giro al timón y vernos en el caso de España, que tiene actualmente bien clavado ese modelo neoliberal, teniendo como resultado que las amas de casa tengan que lavar y planchar a las tres de la madrugada porque es la hora en la que la tarifa eléctrica es más barata. ¿Por qué?, porque la energía la controlan absolutamente los particulares.
El modelo propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador es equilibrado y garantiza tarifas justas para los que menos tienen. Hoy las tarifas son absolutamente desbalanceadas, una empresa como FEMSA paga bastante más barata la energía que la casa de una familia promedio en México.
La reforma al sector eléctrico no se trata de una circunstancia ideológica, sino más bien necesaria desde el punto de vista de impacto social y económico de las familias mexicanas. Justicia social en su más pura expresión será su consolidación y le aseguro que, así como hoy yo cité a Cárdenas y a López Mateos, dentro de 50 o más años nuestro actual presidente, un buen hombre, será recordado para bien por nuestras siguientes generaciones, y me parece que también será recordada para bien una gran mujer, que es y seguirá siendo pieza clave en esta transformación, por su talento, valentía y decoro: Rocío Nahle García.
(*) Diputado federal. Morena
