El debate en parlamento abierto de la iniciativa preferente para reformar la Ley de la Industria Eléctrica que envió el presidente López Obrador a la Cámara de Diputados, sólo confirmó el desconocimiento social del funcionamiento del sistema eléctrico nacional y la ideologización política de una contrarreforma que no traerá ahorros al gobierno ni bajas tarifas a los usuarios como ellos aseguran.
El proyecto del gobierno es estatista –devolver a la Comisión Federal de Electricidad el control de un mercado que estaba privilegiando energías renovables- y de control político. Mientras las principales economías del mundo apuestan por energías más limpias y baratas, en México regresamos al uso prioritario del combustóleo y carbón para producir energía eléctrica.
En su afán de llevar la ideología por encima de la ley, el gobierno de la 4T también incumplirá con sus compromisos internacionales en materia de cambio climático y producción de energías limpias -la meta es del 35% para 2024-, ahuyentará la inversión en proyectos de energía renovable, y tendrá que destinar una enorme cantidad de recursos públicos –los cuales no están en ningún presupuesto- para la construcción de parques renovables y la modernización de centrales hidroeléctricas.
La iniciativa presentada por el Ejecutivo federal modifica aspectos fundamentales en el diseño y operación del Sistema Eléctrico Nacional: pretende priorizar las plantas eléctricas de la CFE en el despacho al sistema eléctrico nacional y relegar las plantas de energía renovable de la iniciativa privada, cancelar permisos para que empresas generen su propia electricidad, así como eliminar la obligación para que la subsidiaria CFE Suministro Básico —que atiende a 45 millones de clientes— compre luz de las subastas eléctricas derivadas de la anterior reforma energética.
La reforma se sustenta en tres argumentos falaces: se fortalecerá a la Comisión Federal de Electricidad, se combatirá la corrupción de empresas extranjeras y bajará el precio de la energía eléctrica al consumidor final. En realidad, la reforma energética de la 4T representa a un kamikaze dentro del sector eléctrico.
Primero. La CFE tiene un decremento del 12% en el proyecto de presupuesto para 2021, por lo que no hay suficiente inversión en mantenimiento ni en infraestructura de generación. Durante 2020, la deuda neta de la Comisión se ubicó en 12 mil 759.8 millones de pesos, que representa un aumento de casi nueve veces el monto reportado por Hacienda para el año anterior; y sus gastos de operación tuvieron una contracción del 20.8 por ciento en sólo un año.
Convertir a la CFE en el actor preponderante del mercado energético no lo hará más eficiente por decreto. El reciente aumento en los recibos de luz doméstica y los apagones en algunas regiones del país son sólo algunas advertencias.
Segundo. La reforma energética impulsó un modelo de sustitución de combustibles caros y contaminantes por otros amigables y de bajo costo. La implementación lograría alcanzar precios de energía tan bajos que en el mediano plazo dejarían de distraer el gasto público para usar el dinero incluso en los cuestionables programas sociales con fines clientelares. Continuar con la apertura del mercado energético se podrían generar ahorros en el sector eléctrico gracias a las subastas en un mercado abierto. Los precios bajarían sin que el gobierno le metiera un peso.
Los precios no bajarán por decreto ni restableciendo un monopolio estatal. El principio del “despacho económico” establece que las centrales con menor costo de producción, es decir, las más eficientes, eran las primeras en subir su electricidad a la red. Este principio favorecía a las renovables y a las centrales de ciclo combinado en manos de privados, casi siempre más baratas. Ahora será la CFE la primera en abastecer al mercado nacional, no importa si es más cara.
Tercero. La reforma morenista resultaría en un aumento en los costos reales de la producción de electricidad; las fuentes fósiles son más costosas en comparación con las renovables. En 2019, por ejemplo, las energías eólica y solar tuvieron un costo unitario de generación de 583 pesos por MW/h, mientras que la energía proveniente de carboeléctricas costó 1,449 pesos por MW/h, lo que se traduce en tarifas más altas para los consumidores finales.
La reforma energética vigente no renuncia a la rectoría del Estado. Nadie desea el debilitamiento y la desaparición de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), una de las instituciones más importantes y emblemáticas de nuestro país. Pero queremos una Comisión eficiente y competitiva, no burocrática y monopólica. Se trata de ser mejores, no de ser los únicos.
Contrario a lo que supone el gobierno, la CFE por sí sola no es capaz de garantizar la seguridad eléctrica. Tampoco lo son las empresas dedicadas a la generación de energías limpias y renovables. La reforma energética impulsó la complementariedad que garantizara el suministro suficiente y oportuno de la demanda nacional.
La advertencia presidencial de que “no se cambiará ni una coma” a la iniciativa enviada al Congreso, no es más que un desplante de arrogante autoriratismo ante el Poder Legislativo. Pero como lo vemos hoy mismo, no hay reforma que dure cien años.
Diputado federal del PRI
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