/ miércoles 27 de febrero de 2019

Reformas al artículo 16 constitucional

Se aprobó en el Congreso de la Unión una reforma al artículo 16 constitucional, segundo párrafo. Falta sólo el trámite de aprobación de la mayoría de los congresos locales. Esta reforma camina en sentido inverso a la diversa de 2008, cuando se planteó que la prisión preventiva debía ser la última opción a la que se enfrentara un procesado. Para entonces ya había iniciado la llamada “guerra” contra el narcotráfico de Felipe Calderón; y desde diciembre de 2006 hasta la fecha la delincuencia ha crecido exponencialmente. Cuando entraron en vigor los juicios orales sus críticos encontraron en esta nueva forma de juzgar su villano favorito. Es “la puerta giratoria” de los delincuentes se ha dicho, ya que por un lado la policía los detiene y, por otro, los jueces los echan a la calle. Y desde entonces no se han atribuido los malos resultados a la ineficiencia, insuficiencia o corrupción de la policía o falta de capacitación de los fiscales, sino a la naturaleza del proceso mismo. Y como remedio ahora se echa mano nuevamente del garrote de la prisión preventiva oficiosa; sin embargo, lo que sin duda ocurrirá será que las cárceles se vuelvan a llenar de procesados en espera de su sentencia. Esto en virtud que la Constitución y la ley exigen menos requisitos que antes de la reforma para someter a proceso a alguien. Por eso la prisión preventiva se reservó sólo para los ilícitos de la mayor gravedad. Empero ahora se asigna esta naturaleza a quien cometa incluso el antisocial de robo a casa-habitación, lo que no guarda congruencia con la gravedad del homicidio doloso o el secuestro por ejemplo. Una vez más se acude al uso político de las leyes para crear la imagen pública de que en verdad se combatirá eficazmente la delincuencia. Se oculta que el problema toral se localiza en la insuficiente capacitación de las policías y la falta de apoyo a las fiscalías para realizar en cada caso una investigación científica del delito. Amén de la autonomía de gestión de las propias fiscalías. Sin estos elementos, por más reformas que se hagan a las leyes y la propia Constitución, los delincuentes seguirán haciendo de las suyas impunemente. Y la sociedad seguirá sufriendo las consecuencias de malas decisiones políticas. Por eso no vemos un auténtico avance en esta reforma constitucional; aunque sí un retroceso por cuanto a que muchos van a pasar largos lapsos en la cárcel antes de obtener una sentencia absolutoria.

evaz2010@hotmail.com


Se aprobó en el Congreso de la Unión una reforma al artículo 16 constitucional, segundo párrafo. Falta sólo el trámite de aprobación de la mayoría de los congresos locales. Esta reforma camina en sentido inverso a la diversa de 2008, cuando se planteó que la prisión preventiva debía ser la última opción a la que se enfrentara un procesado. Para entonces ya había iniciado la llamada “guerra” contra el narcotráfico de Felipe Calderón; y desde diciembre de 2006 hasta la fecha la delincuencia ha crecido exponencialmente. Cuando entraron en vigor los juicios orales sus críticos encontraron en esta nueva forma de juzgar su villano favorito. Es “la puerta giratoria” de los delincuentes se ha dicho, ya que por un lado la policía los detiene y, por otro, los jueces los echan a la calle. Y desde entonces no se han atribuido los malos resultados a la ineficiencia, insuficiencia o corrupción de la policía o falta de capacitación de los fiscales, sino a la naturaleza del proceso mismo. Y como remedio ahora se echa mano nuevamente del garrote de la prisión preventiva oficiosa; sin embargo, lo que sin duda ocurrirá será que las cárceles se vuelvan a llenar de procesados en espera de su sentencia. Esto en virtud que la Constitución y la ley exigen menos requisitos que antes de la reforma para someter a proceso a alguien. Por eso la prisión preventiva se reservó sólo para los ilícitos de la mayor gravedad. Empero ahora se asigna esta naturaleza a quien cometa incluso el antisocial de robo a casa-habitación, lo que no guarda congruencia con la gravedad del homicidio doloso o el secuestro por ejemplo. Una vez más se acude al uso político de las leyes para crear la imagen pública de que en verdad se combatirá eficazmente la delincuencia. Se oculta que el problema toral se localiza en la insuficiente capacitación de las policías y la falta de apoyo a las fiscalías para realizar en cada caso una investigación científica del delito. Amén de la autonomía de gestión de las propias fiscalías. Sin estos elementos, por más reformas que se hagan a las leyes y la propia Constitución, los delincuentes seguirán haciendo de las suyas impunemente. Y la sociedad seguirá sufriendo las consecuencias de malas decisiones políticas. Por eso no vemos un auténtico avance en esta reforma constitucional; aunque sí un retroceso por cuanto a que muchos van a pasar largos lapsos en la cárcel antes de obtener una sentencia absolutoria.

evaz2010@hotmail.com