/ miércoles 5 de diciembre de 2018

Repartir dinero público a los pobres, aumenta carisma de gobernantes… hasta que se acaba el dinero

Insatisfechas las aspiraciones del pueblo en el ámbito de la economía nacional se provoca inestabilidad social. Y se sabe por registros oficiales de Inegi y Coneval, que de un total de 130 millones de habitantes, 53 millones de mexicanos viven en estado de pobreza; otro tanto forma parte de la deteriorada clase media, que resiste los efectos de la potestad tributaria del estado y el resto está constituido por adinerados que concentran en su poder la riqueza de México. Por eso se comprende el discurso del presidente López Obrador y su programa de gobierno, encaminado principalmente a procurar a las clases populares que en su mayoría votaron por el candidato de MORENA.

La lucha de López Obrador se orienta al propósito de rescatar de la miseria a los pobres de México, señalando en todo tiempo que esa liberación es para reivindicar a quienes han vivido como esclavos bajo el yugo del poder. Y como consecuencia de lo anterior, vendrán reformas a la Constitución Política Federal, tan necesarias para impactar en el desarrollo económico, cuyo objetivo será disminuir considerablemente la extrema pobreza que sufre la población marginada.

Las facultades del presidente Andrés Manuel López Obrador, según disposición contenida en el artículo 131 de la Carta Magna, sirven para controlar los impuestos a las importaciones y exportaciones; pero también para restringir y prohibir importaciones, exportaciones y el tránsito de los productos, artículos y efectos, cuando el señor presidente lo estime urgente. Tales facultades no se han ejercido por los expresidentes, y por ello ha faltado regular la economía del país y mantener la estabilidad de la producción nacional.

En el contexto anterior, debe ponderarse la base tributaria que integran los contribuyentes cautivos que durante el sexenio anterior nunca rebasaron los 45 millones de sujetos obligados al pago de impuestos y contribuciones; frente al comercio informal, en un aproximado a 40 millones de vendedores callejeros, que evaden pagar contribuciones, consumo de luz y agua, y salarios mínimos a sus empleados, además de evadir los pagos al IMSS y al Infonavit.

No será suficiente la reducción de ingresos privilegiados de los altos funcionarios públicos, para alcanzar las metas autoimpuestas por Andrés Manuel López Obrador, para cumplirle a sus fervientes y comprometidos seguidores.


Insatisfechas las aspiraciones del pueblo en el ámbito de la economía nacional se provoca inestabilidad social. Y se sabe por registros oficiales de Inegi y Coneval, que de un total de 130 millones de habitantes, 53 millones de mexicanos viven en estado de pobreza; otro tanto forma parte de la deteriorada clase media, que resiste los efectos de la potestad tributaria del estado y el resto está constituido por adinerados que concentran en su poder la riqueza de México. Por eso se comprende el discurso del presidente López Obrador y su programa de gobierno, encaminado principalmente a procurar a las clases populares que en su mayoría votaron por el candidato de MORENA.

La lucha de López Obrador se orienta al propósito de rescatar de la miseria a los pobres de México, señalando en todo tiempo que esa liberación es para reivindicar a quienes han vivido como esclavos bajo el yugo del poder. Y como consecuencia de lo anterior, vendrán reformas a la Constitución Política Federal, tan necesarias para impactar en el desarrollo económico, cuyo objetivo será disminuir considerablemente la extrema pobreza que sufre la población marginada.

Las facultades del presidente Andrés Manuel López Obrador, según disposición contenida en el artículo 131 de la Carta Magna, sirven para controlar los impuestos a las importaciones y exportaciones; pero también para restringir y prohibir importaciones, exportaciones y el tránsito de los productos, artículos y efectos, cuando el señor presidente lo estime urgente. Tales facultades no se han ejercido por los expresidentes, y por ello ha faltado regular la economía del país y mantener la estabilidad de la producción nacional.

En el contexto anterior, debe ponderarse la base tributaria que integran los contribuyentes cautivos que durante el sexenio anterior nunca rebasaron los 45 millones de sujetos obligados al pago de impuestos y contribuciones; frente al comercio informal, en un aproximado a 40 millones de vendedores callejeros, que evaden pagar contribuciones, consumo de luz y agua, y salarios mínimos a sus empleados, además de evadir los pagos al IMSS y al Infonavit.

No será suficiente la reducción de ingresos privilegiados de los altos funcionarios públicos, para alcanzar las metas autoimpuestas por Andrés Manuel López Obrador, para cumplirle a sus fervientes y comprometidos seguidores.