El martes pasado acababa el plazo para que el gobierno del presidente Donald Trump permitiera los encuentros de los migrantes México-centroamericanos con sus hijos, y apenas alcanzaron a hacerlo poco más de treinta, de un total de mil trescientos niños separados; después de que en abril se endureciera la política migratoria del vecino país.
Cada familia que ha pasado el calvario de la separación cuenta historias que llegan a ser desgarradoras, como la de uno de estos centroamericanos que sí tuvo la fortuna de reunirse con su hijo en esta semana, y que recordaba que cuando lo apresaron le dijeron: su hijo se va a quedar aquí y usted va a ser deportado, y ahí no puede hacer absolutamente nada. Este centroamericano narraba que sólo sintió un gran nudo en el pecho que le oprimía y, sin poder respirar, caía al suelo.
Son angustias compartidas las que viven familias de indocumentados, que juntos se arriesgan a cruzar la frontera, para ofrecer y contar, en conjunto, con mejores condiciones de vida en Estados Unidos, por falta de oportunidades y violencia en sus países, o quizá debería escribir, “por falta de oportunidades y violencia en nuestros países”.
Poco se ha podido hacer en contra de esta judicialización de la migración, que dejó de ser sólo para aquellos que tienen antecedentes penales. Múltiples organizaciones internacionales y la Organización de Naciones Unidas han exigido que los migrantes sean tratados con dignidad y respeto y que a los niños no se les debe traumar con la separación de sus padres. En sentido contrario, el procurador estadounidense Jeff Sessions señalaba en días pasados: el hecho de tener hijos no les da inmunidad para no ser arrestado y judicializado.
Desde Washington, el presidente estadounidense espera que el Senado apruebe los recursos suficientes para construir el muro en la frontera. En marzo pasado, el Congreso le aprobó precisamente una partida de mil 600 millones de dólares para el comienzo de la construcción del muro en su frontera sur, muy lejos de los 25 mil millones que había pedido.
Además, el proyecto aprobado para el muro de Trump es específico, incluye la cantidad de kilómetros que pueden construirse y dónde pueden ubicarse; por ejemplo, señala que 251 millones de dólares deben destinarse al cambio de la doble reja que divide Tijuana, México, con San Diego, California, lo que representa 15%.
La solución es diferente a lo que propone Donald Trump. El problema no se acaba con su decir: queremos que dejen de venir a Estados Unidos. Sobre todo, la falta de desarrollo económico y la inseguridad obligan a la gente a tener que emigrar, a salir de su comunidad con destino incierto, con la esperanza de alcanzar una prosperidad que su región le ha estado negando. En la medida en que Estados Unidos lo vea como un problema regional y se comprometa con apoyos para incentivar economías locales, la migración disminuirá hasta el punto de dejar de ser un problema.
