Desde su asunción al poder el presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó la propuesta del general Salvador Cienfuegos, hoy caído en desgracia (a partir de su detención supuestamente por vínculos con el narcotráfico), de regresar a los cuarteles a los militares inmersos en la lucha contra la violencia y la inseguridad. Salvador Cienfuegos se mostró dispuesto y complaciente para hacer una entrega formal de la dependencia que tuvo a su cargo y que el expresidente Felipe Calderón empleó en la lucha contra las drogas.
AMLO siempre dijo que el Ejército no debía utilizarse para suplir las incapacidades de los gobiernos, por lo que con la coordinación de Alfonso Durazo Montaño, actual secretario de Seguridad Pública, autorizó la creación de la Guardia Nacional y destituyó a la Policía Federal, contraviniendo la demanda social de que el Ejército se mantuviera en los cuarteles.
Ahora la duda sobre la actuación de quienes fueron humillados portando el uniforme militar en la campaña de Andrés Manuel por la presidencia ha quedado aclarada, aunque el mote de “asesinos y violadores de los derechos humanos” será difícil de borrar en el pueblo, que en lugar de depositar su confianza en los militares para casos de peligrosidad, el miedo atemoriza a la gente, pues no distingue entre buenos y malos servidores públicos.
Es bien sabido que las Fuerzas Armadas estaban preparadas para salvar vidas y asistir a la población en casos de emergencia nacional; hoy López Obrador, con esa actitud ambivalente y bipolar que no oculta con sus funcionarios, se apoya en las Fuerzas Armadas que él mismo fustigó y reprobó sin pruebas y sin conocimiento de causa, mostrando un gabinete inepto, ambicioso y con falta de preparación, que como dice el dicho “no tiene llenadera” para embolsarse “moches”, fideicomisos y lo escasamente recuperado, que tendría como destino devolver al pueblo todo lo robado.
El desprecio del gobierno de la 4T al uniforme militar se demuestra al abandonar a su suerte al general Salvador Cienfuegos y permitir que sin una adecuada defensa se le juzgue en un país extranjero, previo linchamiento en medios de comunicación, que ya lo culparon sin pruebas y sin haber sido escuchado y vencido en los tribunales.
