/ jueves 18 de marzo de 2021

Rudeza innecesaria contra jueces

La lucha por alcanzar el poder a través de conquistar un liderazgo sustentado en la base de la voluntad soberana del pueblo, sólo fructifica cuando se alcanza el objetivo del hombre político, ejerciendo funciones públicas y tomando decisiones que satisfagan plenamente al pueblo, hasta alcanzar el bien público temporal, en un régimen de legalidad y justicia.

En México, al tomar posesión de su cargo, todo presidente debe rendir ante el Congreso de la Unión la protesta de “cumplir (guardar) y hacer cumplir (guardar) la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen”, “desempeñando con lealtad y patriotismo, el cargo conferido por el pueblo, mirando por el bien y la prosperidad de la Unión”. El mandato constitucional establecido en el artículo 87 termina con la advertencia de que si el Presidente “así no lo hiciere, que la nación se lo demande”.

Resulta increíble y aberrante que después de tanta tozudez para llegar a Palacio Nacional, el Presidente ordene al Poder Legislativo la aprobación de una ley de la industria eléctrica, a todas luces violatoria de la Constitución, y ahora se desgaste públicamente el titular del Ejecutivo federal exponiéndose a la crítica de los profesionales del derecho, jueces, magistrados, ministros, catedráticos y estudiantes de derecho, por la rudeza y desprecio que ha manifestado al orden jurídico constitucional que juró defender.

Se sabe que la formación universitaria de López Obrador no lo convierte en jurisconsulto, pero también se sabe que cuenta con un consejero jurídico y todo un ejército de licenciados en derecho al servicio de la oficina del Presidente, por lo que nadie puede justificar que ahora se persiga a los juzgadores, que con sus fundadas resoluciones están demostrando la improcedencia de la inconstitucional ley de la industria eléctrica.

Se han hecho públicas presiones y amenazas a los valientes jueces para que revoquen las resoluciones impugnadas por AMLO. Esta actitud sólo descalifica al Presidente y enaltece a los integrantes del Poder Judicial federal, que sostienen sus determinaciones poniendo en riesgo su seguridad personal y familiar.

Cuando todos los mexicanos estemos dispuestos a seguir el ejemplo de los jueces federales, volverá la prosperidad que hoy extrañamos al recordar que “estábamos mejor, cuando estábamos peor”.

La lucha por alcanzar el poder a través de conquistar un liderazgo sustentado en la base de la voluntad soberana del pueblo, sólo fructifica cuando se alcanza el objetivo del hombre político, ejerciendo funciones públicas y tomando decisiones que satisfagan plenamente al pueblo, hasta alcanzar el bien público temporal, en un régimen de legalidad y justicia.

En México, al tomar posesión de su cargo, todo presidente debe rendir ante el Congreso de la Unión la protesta de “cumplir (guardar) y hacer cumplir (guardar) la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen”, “desempeñando con lealtad y patriotismo, el cargo conferido por el pueblo, mirando por el bien y la prosperidad de la Unión”. El mandato constitucional establecido en el artículo 87 termina con la advertencia de que si el Presidente “así no lo hiciere, que la nación se lo demande”.

Resulta increíble y aberrante que después de tanta tozudez para llegar a Palacio Nacional, el Presidente ordene al Poder Legislativo la aprobación de una ley de la industria eléctrica, a todas luces violatoria de la Constitución, y ahora se desgaste públicamente el titular del Ejecutivo federal exponiéndose a la crítica de los profesionales del derecho, jueces, magistrados, ministros, catedráticos y estudiantes de derecho, por la rudeza y desprecio que ha manifestado al orden jurídico constitucional que juró defender.

Se sabe que la formación universitaria de López Obrador no lo convierte en jurisconsulto, pero también se sabe que cuenta con un consejero jurídico y todo un ejército de licenciados en derecho al servicio de la oficina del Presidente, por lo que nadie puede justificar que ahora se persiga a los juzgadores, que con sus fundadas resoluciones están demostrando la improcedencia de la inconstitucional ley de la industria eléctrica.

Se han hecho públicas presiones y amenazas a los valientes jueces para que revoquen las resoluciones impugnadas por AMLO. Esta actitud sólo descalifica al Presidente y enaltece a los integrantes del Poder Judicial federal, que sostienen sus determinaciones poniendo en riesgo su seguridad personal y familiar.

Cuando todos los mexicanos estemos dispuestos a seguir el ejemplo de los jueces federales, volverá la prosperidad que hoy extrañamos al recordar que “estábamos mejor, cuando estábamos peor”.