¿Se acabaron las pensiones para expresidentes? ¿Es un llamado a la anarquía el de Cisneros?

En las primeras horas de ayer 31 de octubre, en el marco de la celebración de Halloween y Día de Muertos, el presidente de la Cámara de Senadores, Martí Batres, ordenó la publicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos en el Diario Oficial de la Federación.
Mientras, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, retuiteó el mensaje de Batres: "Es oficial ¡se pone fin a la pensión a ex presidentes!”.
De esa manera ambos legisladores daban la noticia de que los expresidentes del país dejan de cobrar pensión.
La referida ley fue aprobada por los diputados el 13 de septiembre pasado y regula las remuneraciones que reciben los servidores públicos y funcionarios, es decir, fija un tope salarial.
De esa manera elimina las prestaciones, jubilaciones, créditos, préstamos y anticipos no contemplados en la ley y los pagos no autorizados.
La medida aplica al Poder Legislativo Federal, al Poder Judicial de la Federación, a los tribunales administrativos, a la PGR, la Presidencia y las dependencias federales y también va para organismos y empresas del sector paraestatal.
Así, queda establecido que nada que rebase el salario del presidente podrá ser legal, o se que toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones será un delito.
De acuerdo con lo informado por el propio López Obrador, su sueldo como presidente será de 108 mil pesos mensuales y ése sería el tope para todos los demás funcionarios.
Además, ya no se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o retiro sin que estén asignadas por la ley o un contrato colectivo laboral.
La susodicha ley también establece castigo y señala que si un funcionario autoriza sobresueldos, préstamos o créditos no autorizados será inhabilitado y dependiendo la gravedad del ilícito tendrá cárcel de dos a 14 años y multas de tres mil veces el salario mínimo.
Entre las sanciones también está la destitución e inhabilitación para desempeñar otro cargo durante un periodo que va de los seis meses a los 14 años.
Para quienes son legisladores, ministros, magistrados, jefes de Gobierno, gobernadores y consejeros electorales, les tocará un juicio político.
Los morenistas hacen fiesta por este primer gran logro, pero hay un detalle: resulta que el presidente aún es Enrique Peña y él cuenta con 30 días para promulgar esa ley, misma que podría vetar.
Qué bueno que no habrá más pensiones millonarias. Ahora siguen los plurinominales.

Llamado a la anarquía puede generar más violencia:
Cuidado, porque la afirmación no la hace cualquier persona, sino quien fungirá como secretario de Gobierno en la próxima administración estatal, y por lo tanto es quien tendrá la responsabilidad de cumplir y hacer cumplir la ley.
Éric Cisneros Burgos afirmó ayer que cuando una ley es injusta lo correcto es desobedecerla.
Dicho señalamiento en voz de quien será un alto funcionario de gobierno puede entenderse como un llamado a la anarquía y digo cuidado, porque las huestes de Morena son de armas tomar.
Más allá del argumento y del contexto con el que el casi secretario quiso justificar lo que dijo, su posición lo obliga a poner el ejemplo para respetar la ley y mantener el orden y la calma, sobre todo en momentos como los actuales, cuando la gente está harta de la violencia provocada por la delincuencia.
¿O será ésa la tónica a seguir en el próximo gobierno que encabezará Cuitláhuac García?
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