Estimado lector, una consulta de revocación implica muchos riesgos y afectaciones. Se vulneran los derechos políticos de quienes votaron por López Obrador para una presidencia de 6 años y debe concluirlo de forma responsable.
Por el bien del país urge desinflar cualquier intento propagandístico de una ratificación de mandato en marzo de 2022, que solo llevaría a un final de sexenio conflictivo e inestable.
La ley no puede ser retroactiva: si la consulta revocatoria se aprobó en 2019, debe aplicar para el presidente que elijamos en 2024, no antes.
La ocurrencia del Ejecutivo federal en campaña fue utilizada como gancho de su compromiso de cambiar al gobierno en forma exitosa.
Hay a quienes pareciera que la revocación del mandato puede ser una solución atractiva para acabar con el terrible resultado de la actual administración del gobierno federal.
Pero esto no va a ocurrir. Primero porque hay que solicitar que el ejercicio se lleve a cabo a solicitud de un porcentaje del padrón electoral, 3% en que por lo menos 17 entidades federativas, que desde luego Morena puede convocar.
El 11 de mayo de 2020, al declarar inconstitucional la extensión de mandato del gobernador Jaime Bonilla en Baja California, la Suprema Corte estableció que alterar plazos de gobierno con posterioridad a una elección viola diversos principios del sistema democrático mexicano, como son los de certeza electoral, legalidad y seguridad jurídica, así como el derecho a votar y ser votado en condiciones de libertad e igualdad. Cualquier resultado es malo para el país porque el ejercicio polariza por definición. Si no se alcanza 40% de participación, lo más probable, el ejercicio es inválido: se tiran a la basura cientos de millones de pesos, pero las meras campañas polarizan al país.
Recordemos que no hay legislación secundaria para aplicar la revocación del mandato. El Senado intenta legislar en la materia, pero no tiene votos para un periodo extraordinario, por lo que hasta septiembre podrá ser votado el proyecto.
Este es muy criticado, ya que la pregunta de la revocación es si usted piensa que López Obrador debe concluir el período para el que fue electo, por lo cual se convierte en un referéndum y no en una revocación.
En política los resultados electorales definen el rumbo.
Tercero es la retroactividad de la ley.
Si bien fue propuesta de campaña, se legisló en Constitución después de la elección y actualmente se intenta una legislación secundaria.
Por tanto puede ser impugnada. El dictamen de la ley aprobada en el Senado no resuelve el proceso que se debe establecer si el resultado es el de revocar el mandato. Esto crea un gran problema. ¿Se realizarán nuevas elecciones? ¿Se nombrará un interino? ¿Quién hará la declaratoria? Pero en realidad no llegaremos a ese momento.
También imagino la tentación de Morena de enmendar la Constitución para permitir que el Ejecutivo federal pueda ser candidato presidencial nuevamente en 2024.
Lejos de deshacerse del presidente, los adversarios ingenuos que alientan la consulta pueden provocar su permanencia por más tiempo.
Ahora hagamos una recreación de la noche del 6 de marzo de 2022, cuando ocurriría la jornada electoral según un transitorio de la reforma de 2019.
Si se diera la derrota del presidente en las urnas, ¿aceptaría el resultado?
¿Podría el mayor crítico y denostador del INE, al que acusa de cometer fraudes, aceptar un resultado adverso y renunciar a su cargo sin atrincherarse en Palacio Nacional y convocar a marchas para defender a la 4T?
La revocación se ha convertido en un referéndum para fortalecer al Ejecutivo federal, que sigue arriba en las preferencias electorales. La organización de la consulta queda a cargo del INE y el dictamen del Senado estipula procedimientos para impugnar ante tribunales incidentes y anomalías.
Y aquí tenemos otro tema que también atenta contra la democracia. No solo se trata de organizar un referéndum vestido de evocación.
Se trata de discutir los recursos presupuestales al INE. Y desde luego, su vigencia. Ya el Ejecutivo federal ha reiterado en repetidas ocasiones su rechazo al INE, a su autonomía que le resulta molesta, y culpa a los consejeros de ser fruto de acuerdos partidistas y sin credibilidad alguna.
Lo mismo opina de la justicia electoral.
Acusa a los magistrados y consejeros de ser antidemocráticos por haber sido nombrados con antelación a su mandato. No ha podido tomar control de estos órganos autónomos.
