Exfuncionarios de la Secretaría de Educación de Veracruz, que fueron beneficiados indebidamente con plazas durante el pasado gobierno estatal, fueron obligados a reintegrar 4 millones 600 mil pesos al erario, informó el Gobierno del Estado.
En el asunto fue determinante la participación tanto de la Secretaría de Educación como de la Fiscalía General del Estado.
La SEV habría comprobado que la asignación de plazas fue irregular e ilegal durante el periodo en que fungió como titular de la dependencia Enrique Pérez Rodríguez, a quien se ubica como parte del primer círculo del exgobernador Miguel Ángel Yunes.
Recordemos que prácticamente desde que llegó al cargo de secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar, ha sido insistente al denunciar presuntas irregularidades en la dependencia durante la pasada administración.
Al comparecer ante el Congreso de Veracruz, en diciembre de 2019, el titular de la SEV, por ejemplo, destacó que la dependencia interpuso 46 denuncias por diferentes irregularidades, mismas que habrían constituido un daño patrimonial a Veracruz por 3 mil millones de pesos.
Los 4.6 millones de pesos recuperados por las plazas asignadas de forma indebida no resultan impresionantes, dado que todavía hay pendientes por resolver irregularidades por montos millonarios; sin embargo, es un importante primer paso.
La Fiscalía General del Estado todavía tiene como pendiente varias denuncias por presuntos daños patrimoniales por mil 175 millones de pesos; sin contar con las anomalías en el manejo de recursos de varios institutos tecnológicos, como los de Las Choapas, Huatusco, Gutiérrez Zamora, San Andrés Tuxtla y Acayucan, por citar algunos ejemplos.
Otro caso que sigue pendiente en materia de corrupción en la SEV es el del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz.
Al iniciar mayo de 2019, el día 3, el secretario Zenyazen Escobar reveló que el Cobaev destinaba más de 10 millones de pesos al pago de aviadores, personas que cobraban sin trabajar.
Un par de días después, el propio Zenyazen Escobar puntualizó que los involucrados —al menos 214 fueron detectados— estaban adscritos al sindicato de trabajadores del Cobaev, que encabeza la actual diputada local Érika Ayala (PRI).
Posterior a ello, la lideresa sindical retó de manera pública al secretario de Educación a presentar las denuncias correspondientes.
Finalmente, el 21 de noviembre, Escobar García acudió a la Fiscalía, a efecto de denunciar presuntas irregularidades, omisiones y desvíos durante los dos pasados gobiernos estatales —los de Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes—; se trata de nueve denuncias contra los responsables del manejo de los recursos en institutos tecnológicos y en el Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz (Cobaev).
Probablemente los casos más escandalosos, por los montos que se manejan, son los de los tecnológicos de Misantla, más 168 millones de pesos; Coatzacoalcos, 139 millones; Tantoyuca, 100 millones; Pánuco, 76; y Poza Rica, con 70 millones de pesos.
Entre un mar de denuncias por presuntas irregularidades en el área educativa del gobierno veracruzano, la recuperación de 4.6 millones por la asignación irregular de plazas no parece tan importante; sin embargo, decía, es el primer paso. Ahora falta ver si la SEV y la FGE proceden de igual manera con otros casos, como los relacionados con los tecnológicos y con los aviadores del Cobaev.
