Ruego al lector me permita expresar lo siguiente; todavía no concluye el proceso electoral 2021 y ya está en marcha otra elección, a celebrarse el 1 de agosto. No habrá terminado aquella cuando ya estará en marcha otra cuyo desenlace será en marzo de 2022.
Sin dejar respirar, el gobierno quiere movilizar a la población para involucrarla en discusiones y pleitos políticos, en lugar de darle espacio a los nuevos gobernantes y representantes para el diálogo y la construcción de nuevos consensos.
La mal llamada consulta para enjuiciar a expresidentes se celebrará en agosto y es innecesaria para que el gobierno cumpla su obligación constitucional para denunciar el delito cuando cuenta con indicios.
Ojo, no es una consulta para enjuiciar a expresidentes como arguye los propagandistas del gobierno, sino para tomar “acciones pertinentes” para esclarecer acciones políticas tomadas por actores políticos.
El país tirará a la basura 505 millones de pesos para preguntar lo obvio: si queremos que se juzgue a los servidores públicos que hayan cometido algún delito, en lugar de que el gobierno presente denuncias y la Fiscalía General realiza su trabajo de investigación.
Llama la atención que salvo Rosario Robles, el gobierno no ha presentado denuncia alguna contra un servidor público de alto rango de la administración anterior, a quien tanto acusaba de corrupción. Es probable que la consulta no alcance el 40% de participación requerida para ser válida, por ello, para dejar de perder el tiempo con ejercicios propagandísticos, los dirigentes de partidos de oposición y líderes sociales y empresariales deberían exigir al gobierno llevar acabo una política de fondo para castigar la corrupción del pasado y del presente, en lugar de perder el tiempo con ejercicios inútiles.
Por su parte, la consulta de revocación de mandato se celebrará en marzo de 2022.
Si gana el presidente y se queda, azuzará la revancha en contra de sus adversarios, a quienes llamará fracasados y celebrará multitudinariamente en el Zócalo de la Ciudad de México y, entonces sí surgirá la demanda del pueblo para que se quede más tiempo en la silla presidencial.
Si gana la revocación y el Ejecutivo federal tuviera que renunciar, peor aún.
El Congreso de la Unión nombraría a un presidente sustituto por la mayoría absoluta de cada una de sus cámaras. Siendo Morena el partidos mayoritario en ambas, el designado sería muy probablemente, un perfil radical para enfrentar a los enemigos de la revolución y eso conduciría a un final de sexenio inestable y más conflictivo.
Surgirían voces para presentar una reforma constitucional para el regreso de AMLO en 2024. Si el porcentaje de participación de la consulta revocatoria es menor al 40% de la lista de lectores, la consulta no es vinculante.
Por lo anterior, para que el país se ahorre una comedia de pleitos y denuestos, lo mejor es desairar la consulta presidencial para evitar una mayor confrontación al interior del país. Es mejor que el Ejecutivo federal gane una consulta revocatoria con el 95% de votos a su favor (pero con una tasa de participación baja), que gane (o pierda) con una cifra cerrada pero una alta tasa de votación.. Así como fue importante llamar al voto ciudadano el 6 de junio, lo cual resultó en una jornada que más allá de ganadores y perdedores, fue un buen ejercicio cívico, en esta ocasión lo que conviene es llamar a los ciudadanos a la abstención, a la no votación y a desairar los intentos polarizantes.
En otro tema, hacer es mejor que decir, avanzar es mejor que prometer, construir es mejor que justificar, vencer los obstáculos es mejor que utilizarlos como argumento para dejar de hacer.
No es fácil, desde luego, pero a nadie, cuando asume una posición de gobierno, se le ofrece un paseo.
Por eso el gobierno debe tener mucho cuidado en presumir éxitos que podrían convertirse en sus grandes fracasos sexenales.
