Como consecuencia de que el ministro Alberto Pérez Dayán admitió la acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, ya hay solicitud de juicio político en su contra.
Fue el diputado de Morena, Ulises Murguía Soto, quien exigió que se someta a un juicio político al ministro instructor.
Aseguró que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no actuó con ética y que al otorgar la suspensión él mismo se vio beneficiado porque sigue recibiendo el mismo sueldo mensual.
Y mientras siguen las discusiones, los pleitos legales y los dimes y diretes, ministros ni diputados ni senadores se han bajado sus sueldos.
No hay que olvidar que los señores legisladores del partido Morena ofrecieron que al llegar a la Cámara de Diputados y a la de Senadores se reducirían su sueldo y quitarían todos los privilegios que por años disfrutaron sus antecesores.
En ambas cámaras del Congreso de la Unión, los legisladores han sido beneficiados con asesores, telefonía celular, servicio médico privado, pagos de comidas, viáticos y un largo etcétera de apoyos extraordinarios.
Eso sí, el diputado Murguía Soto hace el teatro de solicitar juicio político contra el ministro Pérez Dayán, como lo hizo acompañado por los especialistas Miguel Moreno Brizuela y Rafael García Zabaleta.
Ya lo había declarado en septiembre el coordinador de Morena en San Lázaro, Mario Delgado, al apuntar que por el momento no habrá reducción salarial. El diputado argumentó la falta de acuerdos.
Y ahí siguen, disfrutando de los privilegios sin cumplir con esta promesa de campaña.
Es claro que los señores legisladores no necesitan ninguna ley que los rija para decidir cuánto ganan entre sueldo y prestaciones. Ellos pueden decidir sus ingresos y los apoyos extras, tanto humanos como materiales, que reciben.
Primero, el diputado priista Jorge Moreno Salinas dio a conocer que entre los 400 aspirantes a una magistratura del Poder Judicial está el hasta hoy presidente del CDE del PRI Américo Zúñiga Martínez y ayer, el propio dirigente priista dio a conocer que este día presentará su renuncia a la presidencia estatal del Revolucionario Institucional.
“Mi periodo estatutario, así como el del Consejo Político y el de los 212 Comités Directivos municipales, vencieron en el mes de noviembre. Yo ya cumplí con la encomienda y por ello le pedimos a la presidenta Claudia Ruiz Massieu que enviara a un Delegado Político Nacional, para organizar los relevos”, dijo en su comunicado.
El PRI queda ahora en manos del delegado del CEN, Hugo Contreras Zepeda, quien llevará la batuta para emitir la convocatoria y el método de elección de la nueva dirigencia.
Por cierto que entre los nombres propuestos por el PRI para ocupar una magistratura también aparecen Silvio Lagos, Marcelo Montiel y José Tomás Carrillo.
Experiencia, trayectoria y méritos, requisitos para ser magistrado: Pozos
Y a propósito de los 400 aspirantes a las 13 magistraturas vacantes en el Poder Judicial del Estado, el presidente de la mesa directiva de la Legislatura, José Manuel Pozos, declaró el 16 de noviembre pasado: “El pueblo veracruzano requiere magistrados con sensibilidad, responsabilidad, experiencia, trayectoria y méritos que respalden el desarrollo de su función”.
Y fue el presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín, quien dio a conocer que hasta el viernes pasado habían llegado al Congreso local al menos 400 solicitudes de personas interesadas en ocupar una de las 13 magistraturas vacantes.
Detalló que harán la selección para enviar las propuestas al Ejecutivo y añadió el dato de que no hay prisa por realizar este procedimiento: “Estamos hablando de 400 personas y es algo que vamos a analizar muy bien. Podría decir que el proceso de análisis nos llevaría unos 15 o 30 días”.
¿Podrán cumplir con el ofrecimiento de su jefe político de que llegarán como magistrados quienes tengan carrera judicial y experiencia?
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