Este lunes, jubilados y pensionados que fueron agredidos durante la etapa final de la administración de Javier Duarte, recordaron que la justicia, en este caso, sigue como uno de los pendientes en la Fiscalía General del Estado.
La presidente de la Coalición de Pensionados Independientes del Estado de Veracruz (Copipev), Dolores Martínez Amilpa, señaló que las cuatro denuncias interpuestas ante la instancia de procuración de justicia no tienen seguimiento; es decir, no fueron investigadas.
La mujer fue contundente en su declaración ante los medios informativos locales: "La Fiscalía, a más de cinco años, aún no termina la investigación… declaró un archivo temporal… la carpeta de investigación ha pasado por seis fiscales. Hay dilación y pasaron cuatro años para nombrar peritos y hasta el momento aún no nos dicen las líneas de investigación".
Recordemos que al iniciar la presente administración, el gobernador Cuitláhuac García emitió una disculpa pública para las víctimas de las agresiones ocurridas en 2015, cuando la policía veracruzana agredió a golpes, a tolete limpio, a un grupo de pensionados y jubilados que exigía sus derechos frente a Palacio de Gobierno de Xalapa. Sin embargo, la disculpa gubernamental está lejos de ser suficiente; se requiere justicia y ésta no ha llegado, a casi seis años de los mencionados hechos. El 23 de diciembre de 2015, un grupo de jubilados realizaba un bloqueo en la céntrica avenida Enríquez de Xalapa, para reclamar el pago de sus pensiones.
Los manifestantes no recibieron su dinero, lo que les dieron fueron golpes y una agresión brutal. La imagen de un hombre de la tercera edad, amputado de una de sus piernas, con muletas y visiblemente disminuido por el paso de los años aún queda en la memoria de los testigos del hecho. Sin piedad, los policías veracruzanos que participaron en el operativo se lanzaron con el PR-24 por delante, un tolete que usan los granaderos para dispersar gente a base de golpes.
Con escudos, bastones y descargas eléctricas trataron a los ancianos, que no hacían otra cosa más que reclamar sus derechos, ante la indiferencia de un gobierno que perdía el control.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió un acuerdo para atraer el caso; y señaló que “la convivencia pacífica y el ejercicio pleno de los derechos de una sociedad democrática implican un compromiso compartido entre autoridades y ciudadanos, en el que la actuación de todos debe estar sujeta al marco de la ley”. En ese tono fue el primer comunicado de la CNDH, emitido un día después de los hechos. La respuesta del gobierno de Duarte fue patética: aseguró que el pago de pensiones ya se había realizado; el ejecutivo en turno apuntó “he instruido hacer una minuciosa investigación para deslindar responsabilidades…”, pero la investigación nunca se llevó a efecto.
Pasaron casi tres años para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitiera una recomendación. En septiembre de 2018, dicho órgano solicitó a la FGE integrar una carpeta de investigación contra los responsables de la agresión, que sigue impune.
