Una verdad que no admite discusión nos enseña que “cada pueblo tiene el gobierno que merece”, y por lo visto la tierra donde nació el general Lázaro Cárdenas del Río no es la excepción, ya que de los gobiernos locales de hace medio siglo a la fecha ninguno se escapa de la calificación reprobatoria por las pésimas administraciones públicas, la rapiña y autoritarismo de los ejecutivos estatales.
La ambición desmedida de poder y dinero ha llevado a muchos políticos a truncar su carrera y a terminar huyendo o en la cárcel, por su mal desempeño y el descontento popular, que como en el caso de Aureoles Conejo, se han ganado a pulso el repudio de su pueblo y si la ley de responsabilidades los alcanza, serán condenados a terminar sus días en una prisión, igual que los asesinos de tanta gente inocente que en cumplimiento de su deber ha sido sacrificada.
Adrián López Solís, fiscal del estado, declaró que fueron más de 30 integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, los que al emboscar a policías michoacanos dejaron 14 muertos y cinco patrullas incendiadas; mientras que los atacantes huyeron en camionetas blindadas y fuertemente armados, dejando cartulinas con amenazas en contra de las fuerzas de seguridad pública y del gobierno.
La excusa “no válida” de Silvano Aureoles para dejar abandonados a su mala suerte a los policías que cumplían con una orden de presentación en auxilio de un juez, fue que la autoridad municipal de Aguilillas se negó a firmar el convenio de seguridad y por ello no contaron con la protección de los gobiernos federal y estatal. Qué pretexto tan inaceptable y qué pago de factura tan grande del alcalde y del propio gobernador, quienes de ahora en adelante sumarán a su cuenta 14 muertes de sus elementos de seguridad, más los irreparables daños a sus familias.
De nada han servido las cuentas bloqueadas al crimen organizado y a los narcos, pues los más de cinco mil millones de pesos que reportan informes oficiales, permanecen bloqueadas y no se pueden utilizar en mejorar el equipamiento de las policías locales, aunque sus jefes no firmen los convenios pretextados por Aureoles.
Nadie espera que algún funcionario descubra el hilo negro. Pero hablar para decir lo que ya se sabe, “violencia de todos los días”, resultaría mejor guardar silencio por parte de doña Olga Sánchez Cordero.
