Tras el decreto firmado por el presidente López Obrador para convertir al penal de las Islas Marías en el Centro de Educación Ambiental y Cultural, el imponente traslado de cerca de 600 presos reubicados en el Cefereso 18 del municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, deja al descubierto las condiciones infrahumanas que padece la población penitenciaria de todas las cárceles mexicanas, sin importar si pertenecen al sistema federal o de las entidades federativas, pues para el caso, la tortura acompañada de extorsiones por los custodios y los propios internos, es igual.
La expectativa es saber si las políticas aplicadas por el nuevo gobierno de la 4ª Transformación lograrán la readaptación y reinserción social de los presos, o simplemente seguirán existiendo las escuelas del crimen, donde los internos mientras permanecen privados de su libertad, reciben una capacitación forzada para seguir delinquiendo desde el interior de los centros penitenciarios, bajo el mando del personal de custodia y seguridad o reagrupados en las bandas del auto gobierno comandados por los más feroces y despiadados criminales, que hacen prevalecer su dominio, imponiendo sus leyes a quienes son recluidos bajo su feudo.
Tanto por la dependencia económica y vecindad de México, con los Estados Unidos de Norteamérica, los centros penitenciarios federales están organizados copiando al sistema norteamericano, donde también prevalece la corrupción y explotación de los internos, bajo la ley del más fuerte, que impide la reinserción de los sentenciados, para que cumplidas sus condenas se reintegren a la sociedad y cuenten con la capacitación para el trabajo, convencidos de no volver a delinquir por temor a volver a vivir el terror de los centros de reclusión con sobrecupo, custodios y personal de seguridad, convertidos en verdugos que extorsionan a los reos y los obligan a sobrevivir en condiciones infrahumanas.
La separación de la sociedad y de la familia, que implica mantener a los delincuentes dentro de la cárcel, con el sistema corrupto y de autogobierno, no ayuda a la readaptación social de los delincuentes y menos a lograr la reinserción a la sociedad de los sentenciados, para que no vuelvan a delinquir.
En México se contabilizan cerca de 240 mil internos recluidos por delitos del fuero federal, más aproximadamente 200 mil prisioneros del fuero común, de cuyo universo el 5% son mujeres.
