De acuerdo con la ley, por ahora no existe la mínima posibilidad de retirar la concesión del servicio de agua potable a Grupo MAS.
Grupo MAS forma parte Odebrecht, la empresa brasileña de negros antecedentes por infinidad de casos de corrupción para obtener contratos en varios países del mundo, y pese a demandas colectivas por la mala prestación del servicio, agua de mala calidad y abuso en la aplicación de tarifas, la concesión no será retirada.
Hace unos días, en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Francisco Ricardo Sheffield Padilla, quien personalmente ha prestado atención a este problema, dijo que revisan las quejas de los usuarios de la zona conurbada de Veracruz-Medellín, incluso con la intervención de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), sobre el servicio y la calidad del agua; sin embargo, expuso: “no (hay que) perder de vista que la provisión de agua potable es una atribución municipal, conforme al artículo 115 de la Constitución; quien debe garantizar el servicio de agua potable en todos los municipios es la autoridad municipal” y, en este caso, son los alcaldes Fernando Yunes Márquez, de Veracruz, e Hipólito Deschamps Espino Barro, de Medellín, los encargados de vigilar el correcto cumplimiento de esa empresa mixta. Esto quiere decir que ellos incurren en omisión frente a las irregularidades y abusiva actuación de Grupo MAS con miles de ciudadanos, ni exigen ni obligan a dicha empresa a cumplir lo convenido en el contrato de concesión para invertir al menos 10 mil millones de pesos en nueva infraestructura para mejorar la distribución del vital líquido.
Esos incumplimientos deberían ser suficientes para proceder al retiro de la concesión otorgada; sin embargo, por extrañas razones, los ediles municipales cobijan a las concesionarias Odebrecht y Aguas de Barcelona, según sus dichos a los medios de comunicación, porque cancelarles el contrato implicaría el pago de una multimillonaria indemnización a esas empresas extranjeras. ¿Eso es cierto? ¿Por qué no se transparenta esa situación? Las quejas de los ciudadanos por el mal servicio y altas tarifas son reales, y consta en las hemerotecas que desde el Congreso local se han criticado esas anomalías, al igual que desde el Congreso federal, inclusive se ha solicitado la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que, en uso de sus facultades, revise el contrato del título de concesión y funcionamiento de Grupo MAS, considerando que opera infraestructura e instalaciones que fueron realizadas con recursos federales, pero hasta ahora, ha pesado más el cobijo que dan los alcaldes Yunes y Deschamps a dicha empresa.
INMINENTE ALZA EN EL TRANSPORTE CHATARRA
Aunque no se han celebrado reuniones formales, o éstas se realizan en lo oscurito, sí existen pláticas entre funcionarios del Gobierno del Estado y transportistas urbanos para determinar un eventual incremento en el costo del boleto de pasaje. Es inminente, aunque el porcentaje no será el que piden los dueños camioneros, de 9 a 13 pesos, porque eso sería tanto como incendiar el estado por las inconformidades que va a generar. Éste, cuando mucho, será de 10 u 11 pesos para la principal zona urbana del estado, que ayudaría a equilibrar el costo operativo y alza en los combustibles que plantean los concesionarios. Lo malo es que se autorizará este aumento a un transporte chatarra, casi inservible y peligroso, operado por conductores temerarios, mal vestidos y faltos de educación, de lo cual no hablan los dueños del negocio ni los funcionarios que incumplen con la obligación de aplicar la ley para meterlos al orden.
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