Los operadores de Morena en ambas Cámaras del Congreso de la Unión han venido actuando al “hay se va” para cumplir con las instrucciones, recibidas del señor presidente de la República. Los legisladores de Morena trabajan sin cuidar el fondo y la forma de los actos jurídicos y políticos de la función pública, que resultan necesarios para la legalidad y certeza jurídica de los gobernados.
Y es que hasta un estudiante de Derecho conoce el principio de Supremacía Constitucional, establecido en el artículo 133 de la Carta Magna, que en lo conducente dice: “Está Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la ley Suprema de toda la Unión”.
Lo que significa que la Constitución no puede ser contravenida por ningún ordenamiento jurídico, en el ámbito de aplicación del derecho mexicano. Por eso es que sorprende a todos los mexicanos interesados en la “cosa pública”, que se estén aprobando leyes al vapor, para cumplir promesas de campaña del triunfador indiscutible de la pasada contienda presidencial.
El juicio de amparo es el principal medio de defensa de la Constitución ya que cuando se violan o restringen los derechos humanos y las garantías individuales, es cuando el agraviado acude a los tribunales federales para que se le respeten sus derechos fundamentales y se impida que se vulneren o se restrinjan infundadamente las garantías del gobernado por cualquier autoridad.
Existe también la llamada “Autodefensa de la Constitución”, que consiste en que la propia autoridad que emite un acto contrario a la Constitución, lo deroga cuando se percata de la contravención a la Constitución. Es el caso del Poder Legislativo que esta expidiendo leyes contrarias a la Constitución, en agravio del Poder Judicial Federal.
La violación constitucional radica en la clara intromisión de los Poderes Ejecutivo y Legislativo en el ámbito de competencia del poder Judicial, mediante la Ley Federal de Remuneraciones, que limita los sueldos, salarios o remuneraciones de quienes prestan sus servicios profesionales en el Poder Judicial Federal.
Cierto que no se justifica un Gobierno rico, con un pueblo empobrecido y miserable. Pero los colaboradores de AMLO, están obligados a proteger a su jefe, cuidando el fondo y la forma de los actos de gobierno.
