Hace casi una década no actualizan tarifas el transporte en la modalidad de taxis, y ante esa omisión los prestadores del servicio aplican las que ellos han establecido, en perjuicio de los usuarios y sin que la autoridad cumpla su trabajo para regularlas. Por ejemplo, la carrera mínima oficial en el centro de la ciudad de Veracruz comprendida entre Montesinos, el bulevar Manuel Ávila Camacho y hasta Simón Bolívar es de 22 pesos; el cliente sabe perfectamente que eso no es lo que va a pagar, porque los conductores la han fijado en 35 pesos, algunos en 40, otros en 45 y los más voraces hasta en 50 pesos. Esa omisión genera, en el mejor de los casos, que usuarios y prestadores del servicio convengan el costo antes de iniciar su traslado, y muchos que no lo hacen resultan víctimas del abuso. ¿Porqué la autoridad ha sido indolente durante tantos años para actualizar las tarifas? Los conductores señalan que eso facilita la corrupción. Es una poderosa razón no sólo de antes, al parecer también de ahora. Si un cliente se queja de un cobro en exceso, de inmediato el agente o el jefe de Tránsito recurre a la “tarifa oficial” y aplica la infracción, o solicita el moche, beneficiándose de esta irregular situación. En Xalapa, Coatzacoalcos, Tuxpan, Pánuco y algunos otros municipios con afluencia turística, suceden lo mismo, y los únicos sin percatarse de la anómala situación son las autoridades. Cuando el anterior gobierno anunció la regularización del transporte urbano y de taxis se pensó que incluiría la elaboración de nuevas tarifas, pero no se cumplió ni siquiera con el registro vehicular de servicio público, menos con la modernización y el ordenamiento; fue, en todo caso, un programa recaudatorio y, en otros casos, para ajustar cuentas con ex funcionarios o familiares que se beneficiaron con concesiones o someter a dueños del transporte para apoyar al nuevo gobierno panista. El actual gobierno, y desde luego los diputados locales, tienen ahora la responsabilidad de revisar y determinar nuevas tarifas, incluyendo las del transporte urbano de pasajeros, exigiendo en ambos casos un servicio que cumpla elementales estándares de calidad y seguridad, y acate la aplicación de tarifas justas, respetándose el costo del boleto subsidiado para discapacitados y personas de la tercera edad, y muy importante, impulsar una reforma para que se convierta en delito grave, sin derecho a fianza, las muertes por atropellamiento con vehículos del servicio público. El cumplimiento debe ser de ida y vuelta, y debe servir para desterrar la corrupción e impunidad que constantemente se repite en los discursos oficiales.
DESPRECIO A LA FUNDACIÓN DE VERACRUZ
+++Ya se ha dicho que los festejos de los 500 años de la fundación de Veracruz será de carácter local, en nombre de la austeridad republicana, incluso sin que se contemple la presencia del Rey de España, como se habría esperado, ni del presidente de la República, y acaso tampoco la del Gobernador del estado. Lo más destacado para esta conmemoración es la propuesta de la diputada panista Mariana Dunyaska García Rojas para la cancelación de un timbre postal el próximo 17 de abril, frente de las oficinas de Correos en la Plaza de la República, un sorteo de la Lotería Nacional que se celebrará en el Zócalo del puerto la noche del martes 23 de abril y el posterior acuñamiento de una moneda conmemorativa que será puesta en circulación a nivel nacional. Previamente, el día 11 de este mes, la Cámara de Diputados celebrará una sesión solemne para conmemorar esta significativa fecha de aniversario.
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