El servicio de transporte en unidades particulares a través de aplicaciones digitales puede convertirse en un grave problema de seguridad...
Esto si continúa la omisión o convalidación de la Dirección General de Transporte Público en la proliferación de esta prestación, la cual se realiza sin ejercer elementales controles de registro de unidades e identidad y antecedentes de sus conductores. Hace varios meses, el gobierno del estado expresó su negativa para autorizar la entrada de Uber, Cabify o Didi a la zona conurbada Veracruz-Boca del Río; escuchó esta demanda de los taxistas que lo consideran un servicio inseguro y desleal para ellos que pagan derechos como concesionarios del transporte en esta modalidad. El problema, sobre todo, reside en los casos de hechos delictivos que se han presentado en ciudad de México, Puebla y otras metrópolis del país donde funciona este tipo de servicio por medio de Apps, desde secuestro y violaciones a mujeres, hasta feminicidios, aún con los filtros establecidos por las autoridades. Por eso inquieta lo que sucede en Veracruz, donde no se aplican esas medidas preventivas. Un usuario puede solicitar un servicio de transporte por aplicación, por ejemplo de InDriver, y en lugar de la llegada de un taxi acude un automóvil particular. ¿Están autorizados? Obviamente no lo están, pero la autoridad de Transporte Público lo permite, pues no puede ser ajeno a su conocimiento esta situación. Eso en cualquier momento podría dar lugar a hechos lamentables, pero de esto no parece estar enterada la Secretaría de Seguridad Pública del estado, ni su titular, Hugo Gutiérrez Maldonado, de quien depende esa área operativa. Este martes, el señor Guillermo Larios Barrios, dirigente de un sector de taxistas del puerto de Veracruz, alertó acerca de la proliferación de esas unidades privadas que identifican como “taxis piratas” que operan a través de dichas aplicaciones, las cuales se han multiplicado durante la actual época de la pandemia, y es latente la amenaza de la llegada de nuevas aplicaciones provenientes de otros estado, caso de Quikly, registrada en el estado de Tlaxcala. Ellos, según lo dicho por el citado dirigente, han solicitado frecuentemente una reunión con las autoridades del ramo, pero éstas se han mostrado renuentes para escucharlos, lo cual podría ser un signo de que “algo huele podrido en Dinamarca”. Debe esperarse que este sea un llamado de alerta para que se actúe de inmediato, sin esperar a que se presenten hechos lamentables, a sabiendas de que los criminales aprovechan cualquier rendija para cometer ilícitos.
La lucha que se libran en los medios de comunicación los grupos políticos del PAN en disputa por la nominación por la alcaldía de Veracruz irá subiendo de tono conforme vayan acercándose las fechas de esa definición. Los Yunes no van a ceder en su pretensión de que Miguel Ángel Jr. sea el abanderado de ese partido y van a mover todas sus relaciones en el CEN panista para lograrlo, pero antes deberán pasar por encima de Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, dirigente estatal, su adversario político, y del senador Julen Rementería del Puerto, aliado del “Chapito”, quienes llevan mano para la postulación de Bingen Rementería del Puerto.
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