Durante años, las oficinas gubernamentales estatales eran consideradas como cuevas de Alí Babá, no sólo por los negocios que hacían los funcionarios al amparo del poder —durante la administración Duarte, por ejemplo—, sino por los insultantes salarios y compensaciones que percibía la clase privilegiada que se encontraba en cualquiera de los tres poderes veracruzanos.
En el Poder Legislativo, por ejemplo, los diputados no sólo percibían su salario, sino que les cubrían compensaciones, gastos médicos y viáticos; hasta ropa facturaban con cargo al erario.
Ni qué decir del Poder Judicial del Estado, donde los magistrados y la alta burocracia se despachaban con la cuchara grande. Los salarios en el tribunal veracruzano, como en cualquier otra instancia del sistema de impartición de justicia, eran un insulto para los niveles de pobreza de nuestro país.
Algo parecido, pero llevado al extremo, se ha observado en los gobiernos estatales; son comunes las historias de personajes que entran a sus respectivos cargos con ingresos más bien modestos y salen millonarios.
Las historias de corrupción son frecuentes en Veracruz y en prácticamente todas las entidades del país, donde los altos funcionarios ganan lo que quieren, facturan a discreción para cobrar gastos y hacen todo tipo de negocios al amparo del poder.
Recordamos el caso, por ejemplo, de un vendedor de teléfonos celulares que llegó a un cargo de relativa importancia en el gobierno de Veracruz; fue secretario en la estructura del gobierno; al paso del tiempo ya no era un modesto comerciante; se convirtió en un hombre acaudalado, con propiedades en zonas comerciales e impresionantes mansiones que más bien parecían hoteles de cinco estrellas.
El tema surge hoy por la aprobación de la Ley de Austeridad en la Legislatura del Estado.
Dicho ordenamiento, turnado a la Legislatura por el Ejecutivo veracruzano, reduce los salarios y prestaciones de los funcionarios de alto nivel del gobierno estatal, elimina los llamados haberes de retiro y los regímenes especiales de pensiones.
Los tiempos de austeridad delineados desde la Presidencia de la República también cancelan los seguros privados de gastos médicos o de vida, y limita la contratación de personal por honorarios.
Seguramente usted recuerda la forma ostentosa en que se conducían los funcionarios veracruzanos durante los tres gobiernos anteriores; pues bien, parece que los séquitos en torno a los altos burócratas también serán cosa del pasado, dado que la Ley de Austeridad limita los escoltas y la compra de autos blindados, con la única excepción de quienes se dedican a tareas de seguridad pública, procuración e impartición de justicia.
La Ley desaparece también el pago de teléfonos celulares con cargo al erario, la energía eléctrica, combustibles, viáticos y prácticamente todo tipo de servicios.
Dicho ordenamiento establece un límite a las percepciones de los funcionarios públicos, que deberán sujetarse a ingresos decorosos, pero no exagerados.
Es una ley que representa un avance, dado que los funcionarios públicos veracruzanos percibían ingresos insultantes, dado el nivel de pobreza de una entidad donde más de la mitad de la población vive con carencias sociales.
Ahora sólo falta que el castigo contra los funcionarios que incurran en actos de corrupción sea verdadero y efectivo, y no una simulación como ha ocurrido históricamente en un país y en un estado donde el sistema perdona prácticamente todo.
@luisromero85
