/ domingo 7 de julio de 2019

Tierra Blanca, “licuadora” encendida

Hay información que no puede pasar de largo y debe mantenerse en la agenda pública, máxime cuando lo que hay de fondo es un desvío de recursos.

El pasado viernes 5 de julio el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis) formuló una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en contra de quien resulte responsable como consecuencia del proceso de investigación que fue instruido a exservidores públicos del Ayuntamiento de Tierra Blanca, por la falta de solventación a las observaciones derivadas de la auditoría a la Cuenta Pública 2017.

La institución, a cargo del auditor Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, hizo la observación número FP-174/2017/009 DAÑ constitutiva de daño patrimonial por un importe de 2 millones 748 mil pesos, por realizar traspasos de recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) al Fondo de Ingresos Municipales, que no fueron reintegrados al fondo de origen ni aplicados en obras y/o acciones para los que estaban destinados, ni mucho menos comprobados documentalmente.

En palabras llanas, ello configura un desvío de recursos.

El asunto revela que en los gobiernos municipales del PAN también se encendió “la licuadora” para mezclar recursos federales que no se utilizaron para los fines debidos y que en algún lugar debieron parar.

El alcalde de Tierra Blanca en el período 2014-2017 fue el panista Saúl Lara González, identificado con el grupo político de otro exalcalde del mismo municipio, Tito Delfín Cano.

Se sabe que tanta vinculación existiría entre ambos personajes que el tesorero municipal de Delfín Cano repitió su encomienda con Lara González; por lo tanto, había experiencia en el manejo de los recursos.


La gestión del exalcalde Lara González al parecer no terminó de la mejor manera, pues los reportes que hay en la red arrojan menciones de inconformidad ciudadana con denuncias de abusos y excesos que revelarían el manejo discrecional de los recursos que tuvieron como colofón la compra de un terreno colindante con el cementerio municipal, operación que supuestamente quedó a nombre del padre del exmunícipe, donde se habría construido una “obra faraónica” a merced del erario.

Por lo pronto, ya el Orfis procedió conforme a la ley, esperando que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción haga su parte.

Lo que es innegable es que en Tierra Blanca sí se encendió la llamada “licuadora” al amparo de un gobierno blanquiazul.

Lo paradójico es que Acción Nacional ganó las elecciones de 2016 con Miguel Ángel Yunes como abanderado, quien criticó en reiteradas ocasiones al gobierno de Javier Duarte por la práctica conocida en el argot de la administración pública veracruzana como “la licuadora”, que es la concentración de las participaciones en una sola cuenta, para posteriormente dispersar los recursos de forma discrecional, sin el aparente control de las auditorías.

En la Sefiplan del gobierno de Duarte se operaba con esa práctica: llegaban los recursos para diferentes programas y municipios; el dinero se depositaba a una cuenta determinada y de ahí era gastado o desviado.

El PAN fue enfático al criticar esas irregularidades en la administración de los fondos públicos, pero, al parecer, todo se quedó en señalamientos mediáticos y nadie apagó el interruptor de “la licuadora”, con la que habrían operado en gobiernos panistas, siguiendo el ejemplo del duartismo.

@luisromero85

Hay información que no puede pasar de largo y debe mantenerse en la agenda pública, máxime cuando lo que hay de fondo es un desvío de recursos.

El pasado viernes 5 de julio el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis) formuló una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en contra de quien resulte responsable como consecuencia del proceso de investigación que fue instruido a exservidores públicos del Ayuntamiento de Tierra Blanca, por la falta de solventación a las observaciones derivadas de la auditoría a la Cuenta Pública 2017.

La institución, a cargo del auditor Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, hizo la observación número FP-174/2017/009 DAÑ constitutiva de daño patrimonial por un importe de 2 millones 748 mil pesos, por realizar traspasos de recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) al Fondo de Ingresos Municipales, que no fueron reintegrados al fondo de origen ni aplicados en obras y/o acciones para los que estaban destinados, ni mucho menos comprobados documentalmente.

En palabras llanas, ello configura un desvío de recursos.

El asunto revela que en los gobiernos municipales del PAN también se encendió “la licuadora” para mezclar recursos federales que no se utilizaron para los fines debidos y que en algún lugar debieron parar.

El alcalde de Tierra Blanca en el período 2014-2017 fue el panista Saúl Lara González, identificado con el grupo político de otro exalcalde del mismo municipio, Tito Delfín Cano.

Se sabe que tanta vinculación existiría entre ambos personajes que el tesorero municipal de Delfín Cano repitió su encomienda con Lara González; por lo tanto, había experiencia en el manejo de los recursos.


La gestión del exalcalde Lara González al parecer no terminó de la mejor manera, pues los reportes que hay en la red arrojan menciones de inconformidad ciudadana con denuncias de abusos y excesos que revelarían el manejo discrecional de los recursos que tuvieron como colofón la compra de un terreno colindante con el cementerio municipal, operación que supuestamente quedó a nombre del padre del exmunícipe, donde se habría construido una “obra faraónica” a merced del erario.

Por lo pronto, ya el Orfis procedió conforme a la ley, esperando que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción haga su parte.

Lo que es innegable es que en Tierra Blanca sí se encendió la llamada “licuadora” al amparo de un gobierno blanquiazul.

Lo paradójico es que Acción Nacional ganó las elecciones de 2016 con Miguel Ángel Yunes como abanderado, quien criticó en reiteradas ocasiones al gobierno de Javier Duarte por la práctica conocida en el argot de la administración pública veracruzana como “la licuadora”, que es la concentración de las participaciones en una sola cuenta, para posteriormente dispersar los recursos de forma discrecional, sin el aparente control de las auditorías.

En la Sefiplan del gobierno de Duarte se operaba con esa práctica: llegaban los recursos para diferentes programas y municipios; el dinero se depositaba a una cuenta determinada y de ahí era gastado o desviado.

El PAN fue enfático al criticar esas irregularidades en la administración de los fondos públicos, pero, al parecer, todo se quedó en señalamientos mediáticos y nadie apagó el interruptor de “la licuadora”, con la que habrían operado en gobiernos panistas, siguiendo el ejemplo del duartismo.

@luisromero85