Fue claro ayer el secretario de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia, Andrés Domínguez Fernández, al informar que ante la inédita situación que atraviesa el Poder Judicial con la ausencia de 13 magistrados, el pleno del TSJ autorizó, por mayoría de votos, disminuir el número de salas relacionadas con el tema penal al pasar de cuatro a tres.
Luego de que fue eliminada una de las salas que tiene para redistribuir la carga de trabajo, muchos vieron con buenos ojos la medida, pues permitirá colegiar de mejor manera el trabajo en las salas que tienen vacantes luego del retiro de 13 magistrados.
Comentan que la medida permitirá integrar tres magistrados a otras salas para que el trabajo salga con mayor calidad y celeridad, entre ellos Raúl Pimentel y Alberto Sosa.
Según lo dicho por Domínguez Fernández, de acuerdo con estadísticas de las mesas de turno, durante los últimos 10 años las salas penales han visto disminuida su carga laboral en un 49% luego de la entrada en vigor de la oralidad, ya que el nuevo sistema acusatorio tiende a la conciliación y a la solución anticipada de conflictos.
Más allá del show escenificado por algunos asistentes a la sesión, lo cierto es que todo esto no hubiera ocurrido de no haber una condición extraordinaria en el Tribunal que obliga al pleno a tomar medidas urgentes, en tanto el gobernador electo Cuitláhuac García nombra a los próximos magistrados.
De acuerdo con el informante, la medida permitiría al Poder Judicial un ahorro de 35 millones de pesos entre gastos operativos y nómina. De esta manera dicho poder se suma a la austeridad republicana en el nuevo paradigma que vive el país.
Pero además coincide con la postura que han anunciado el próximo presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, y el futuro mandatario estatal de reducir gastos y recortar estructuras que ya no son necesarias.
El detalle que mencionó Andrés Domínguez es que al desaparecer una de las salas penales, se nivelará la carga de trabajo atendido por cada una de las salas que integran el Tribunal Superior de Justicia, al quedar en mil 109 asuntos por sala penal; mil 220 asuntos por sala civil y mil 414 asuntos por sala familiar.
Además, entre los beneficios que traerá esta decisión está la mejora en la integración de las salas, pues en el caso de los magistrados que forman parte de la séptima sala, éstos se integrarán a alguna de las ponencias vacantes que existen en la primera, tercera y quinta salas, con lo que se logrará una colegiación constituida íntegramente por magistrados, en tanto el próximo mandatario estatal nombra a los nuevos integrantes.
Es pertinente la aclaración de que el personal adscrito a la sala que desaparece será reubicado en su totalidad en espacios de igual o mejor categoría dependiendo de sus perfiles y atendiendo a las necesidades del servicio.
“Estamos tomando medidas legales para que la justicia no se detenga; éste es el primer paso que va a tomar el Poder Judicial para sumarse a la austeridad republicana; con esta decisión, al no requerirse una sala más, vamos a ahorrar más de 35 millones de pesos al año; lo cual se puede focalizar en áreas donde hay que darle un mayor apoyo como ampliar la red de juzgados de primera instancia, la red de actuarías, las salas de juicios orales, más tecnología, etcétera”.
Delegado ilegítimo en Sagarpa Veracruz: Desde el lunes 20 de agosto, cuando Fermín Montes Cavazos vino a Xalapa a darle posesión como delegado de la Sagarpa a Octavio Legarreta, éste quedó en calidad de ilegítimo, pues con fecha 29 de junio de este año, ante la instrucción que dio el titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Subsecretaria de Egresos de Hacienda, Isaac Gamboa Lozano, mediante oficio de observancia obligatoria para todas las entidades de la administración pública federal, de que queda prohibido iniciar procedimientos de contratación de plazas a partir del 16 de julio pasado y del 31 del mismo mes cuando se trate de contrataciones mediante adjudicación directa.
Sin embargo, Legarreta Guerrero gira instrucciones, convoca a reuniones internas, apadrina “organizaciones” sociales, recibe a productores como lo informa en sus propias redes sociales institucionales y se mueve a nombre de la dependencia en vehículos oficiales, utilizando choferes, personal técnico, viáticos y gasolina, pero carece de nombramiento.
Todo eso estaría llevando a Legarreta a incurrir en un delito del que le podría resultar responsabilidad.
Es curioso que pese a las “disposiciones específicas para el cierre del ejercicio presupuestario de 2018”, que claramente prohíben las contrataciones, el coordinador de delegaciones enviado desde Ciudad de México no estuviera enterado de la ilegalidad del acto protocolario.
Comentan en la delegación que en oficinas centrales de la Sagarpa parecen querer ignorar lo ordenado por Hacienda y que Octavio no ha podido ser contratado, no tiene nombramiento oficial y que en el caso de que logre obtenerlo estaría incurriendo en delitos de abuso de autoridad y ejercicio indebido del servicio público. Cuidado.
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