Después de la movilización de cientos de taxistas hace unos pocos días en la capital del país para protestar contra el servicio de transporte privado que ofrecen por vía aplicación las empresas Uber, Cabify y Didi, lo que a decir de ellos ha provocado una baja en sus actividades, el gobierno de la Ciudad de México acusó que los bloqueos a la circulación vial fueron encabezados por un grupo de concesionarios que forman una banda que se dedica a cometer delitos contra los pasajeros, lo que confirmaron usuarios que dieron testimonio de asaltos a bordo de taxis y cobros excesivos, sobre todo con turistas. En este caso, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ofreció intervenir, pero no dijo que se vaya a prohibir ese servicio que se ofrece en autos particulares y opera sin concesiones. Evidentemente es un asunto que merece analizarse, pues se trata de seguridad, cobros justos, comodidad y preferencia de los usuarios. Hace unos meses, en el puerto de Veracruz también hubo una protesta y advertencia de que “no se permitirá la entrada del servicio de Uber”, sólo que aquí las autoridades hicieron mutis, seguramente por temor a problemas, o por acuerdos con los grupos de taxistas. De sobra es sabido que es un pésimo servicio de taxis el que se tiene en todo el estado de Veracruz, en su inmensa mayoría con autos en malas condiciones mecánicas y de carrocería, sucios y abusos en los cobros, cosa que los veracruzanos no merecen padecer, pero es permitido por Tránsito y Transporte Público del estado. No habría ninguna objeción en esa oposición a la competencia, “desleal” como ellos se quejan con razón o sin ella, si también ofrecieran a los pasajeros autos de reciente modelo, climatizados, con conductores educados y tarifas establecidas, y la seguridad, punto este último de enorme peso. Hace tiempo, han ocurrido casos de ilícitos cometidos conductores de esas empresas que operan vía aplicación, pero mínimos comparativamente con los que se presentan en los taxis convencionales. Lo justo es que se permita a los ciudadanos decidir por el servicio de transporte privado que le parezca mejor, y que sirva a los concesionarios a mejorarlo y dejar de abusar. Desde luego, el Gobierno del Estado tendría que cambiar las reglas para que exista una competencia justa y obtener nuevos ingresos mediante el cobro de gravámenes a los particulares, tanto a las empresas como a los dueños de autos. Lo importante es colocarse al lado de los intereses de los usuarios, ¿o usted qué opina?
IRREGULARIDADES EN SUBROGACIÓN DE HEMODIÁLISIS
Según documentos divulgados que son públicos, hubo irregularidades en el contrato asignado de servicio de hemodiálisis para 400 derechohabientes del IMSS enfermos renales a la empresa Gifyt del puerto de Veracruz. En el acta del Comité Técnico donde se analizaron propuestas y cumplimiento de las empresas que participaron, las áreas Técnica y Jurídica firmaron bajo protesta, debido a “inconsistencias” observadas que incumplen las bases de la licitación, y aún así, la Dirección Médica lo autorizó, con el agravante que la encargada actual ¡trabajó para Gifyt!, según un documento de la Cofepris. Hace poco más de dos semanas un enfermo falleció en esa empresa, presumiblemente por la interrupción de la terapia que recibía al presentarse varios cortes eléctricos y el mal estado de la planta de luz de emergencia, que no pudieron echar a andar. ¿Qué pasa ahí? Debe esperarse una respuesta clara de las autoridades de esa respetable institución y, sobre todo, mandar un mensaje que en el nuevo gobierno se acabaron los negocios. Esperemos.
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