No solamente por ser obligado a derogar el delito de “ultrajes a la autoridad”, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez sabe ahora que el ejercicio del poder tiene límites, es de pesos y contrapesos, y sus decisiones tienen que sujetarse a la ley, sin abusos, a riesgo de enfrentar consecuencias.
Si Veracruz fuera una dictadura cabría el autoritarismo, no lo es, y lo ilustró la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) al recomendar eliminar esa modificación al Código Penal en los términos que el Ejecutivo estatal lo solicitó cuando envió al Congreso local hace diez meses esa modificación para castigar con cinco a siete años de prisión a quienes cometiesen ese delito, lo que sirvió para encarcelar a cientos de ciudadanos, alrededor de dos mil 400, entre ellos el ex candidato perredista a diputado federal, Rogelio Franco Castán, el periodista tuxpeño Antonio de Marco Arango Arango, y el dirigente de concesionarios de verificentros Eduardo Mario Cásares, y por lo cual hubo innumerables pronunciamientos de ciudadanos, ONG’s, abogados, dirigentes políticos y sociales, diputados, senadores, empresarios e iglesias, bajo el señalamiento de que ese delito había sido hecho a la medida para acallar voces opositoras y críticas al gobierno; pero el caso que llevó a nivel crítico los abusos de las autoridades y la eficaz intervención del senador Ricardo Monreal Ávila para frenarlos, fue la detención y encarcelamiento por más de tres meses de seis jóvenes xalapeños a quienes se les acusó de atacar a policías, liberado como parte de esa misma recomendación. Esto puso en evidencia el claro sometimiento de la Fiscalía General del Estado (FGE), órgano que se supone autónomo, y del Poder Judicial del Estado (PJE), a los dictados del Ejecutivo, quienes por consecuencia de esas violaciones encontradas por la CNDH, van a enfrentar sanciones administrativas y probablemente hasta de tipo penal. Es, más que una victoria política del senador Monreal, la liberación de ese ultraje al que ha estado sometida la sociedad veracruzana por su gobierno desde hace diez meses; al derogarse y retornar ese delito al texto original para castigar “de seis meses a dos años de prisión y multa hasta de cuarenta días de salario a quien amenace o agreda a un servidor público en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas”, todos quienes quienes estén en la cárcel acusados por ese único delito, obtendrían su libertad, y como parte de esta historia, faltaría conocer el resultado de la labor de acopio que realiza la Comisión Especial Plural del Senado de la República en la investigación de los abusos de autoridad y violaciones a los derechos humanos en el estado de Veracruz, formada a raíz de la detención del secretario técnico de la Cámara Alta, Manuel del Río Virgen, acusado, encarcelado y bajo investigación por el señalamiento de la FGE de ser presumible autor intelectual del asesinato del candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la alcaldía de Cazones, Remigio René Tovar, aunque se acusa de que se trata de una persecución política. Cuestión de esperar, primero que la Comisión Especial que encabeza el ex gobernador veracruzano y dirigente nacional del MC, Dante Delgado Rannauro, tenga el aval del pleno de esa Cámara para que sus informes sean vinculantes y den paso a la solicitud de desaparición de poderes en Veracruz, como han anticipado Monreal y Delgado. Vienen días de fuerte tormenta política, aunque en política regularmente todo es negociable. Habrá que esperar.
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