La discriminación que sufrió la compañera periodista Noemí Valdez Alemán, al prohibirle el paso a una conferencia de prensa convocada el lunes en las oficinas del secretario de Seguridad Pública del estado, Víctor Hugo Gutiérrez Maldonado, por orden suya o del coordinador de Comunicación Social, Iván Joseph Luna Landa, o de más arriba, debe ser motivo de análisis por el inquietante mensaje de segregación a cierta prensa. No puede considerarse un hecho aislado; en todo caso podría definir la política de comunicación de un gobierno al que, por lo visto, le molesta en exceso la crítica o el cuestionamiento constante a sus actos de gobierno, y atenta, en general, a la libre expresión, aunque no se exprese con palabras, pero sí en los hechos. El secretario Gutiérrez citó selectivamente a los medios para fijar un posicionamiento relativo al citatorio que le hizo la Fiscalía General del Estado para declarar en torno a su señalamiento de que el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares estaría involucrado en el atentado de abril pasado que le costó la vida a la exalcaldesa de Mixtla de Altamirano, Maricela Vallejo Orea, a su esposo y al chofer, debido a que el presunto homicida, Primitivo “N”, fue contratado por Yunes y trabajó en las oficinas del exmandatario aun teniendo antecedentes penales y, sospechosamente, éste se suicidó cuando fueron a detenerlo agentes ministeriales enviados por el titular de la FGE, Jorge Winckler Ortiz. Debido a eso, el titular de la SSP fue citado a declarar para aportar pruebas la tarde de ayer por la fiscal Carmen Castellanos Machorro, de Zongolica. En esa rueda de prensa, el secretario Víctor Hugo informó que no se presentaría por un beneficio que le otorga la ley, pero sí presentaría su declaración por escrito. ¿Es esa declaración que no quiso que recogiera la reportera de un periódico porteño? No, evidentemente no fue eso, sino mostrar su rechazo a la reportera crítica y a los medios críticos. De haber sido un error negar el acceso a alguno de los representantes de los medios, como en el caso de Valdez, desde ayer mismo se habría ofrecido una explicación y disculpa, pero no sucedió así, lo que quiere decir que fue una acción deliberada. ¿Solamente la ordenó el secretario Gutiérrez, o el vocero Luna o vino de más arriba esa instrucción? Sería interesante saberlo, pues como advierte Noemí en lo publicado en su cuenta de Twitter @mimi_va, “el no permitirme hacer mi trabajo viola el derecho a la información. Independientemente (…) hay una serie de descalificaciones en mi contra, relacionándome con grupos que ponen en riesgo mi integridad y la de mi familia; eso no lo puedo pasar por alto en este estado donde han amenazado y asesinando a reporteros (…). Estos asesinatos matan no sólo a la víctima, sino a todos (…), y claro, ésa es también la intención. Matan a uno para intimidar a todos”. Inquietante lo que denuncia públicamente la reportera, tanto como el mensaje y el silencio. Esperemos.
GIRO INTERESANTE EL CASO DEL GRUPO MAS
Nada está escrito, pero todos, o casi todos, instituciones, diputados, líderes y ciudadanos, han formado un frente común en contra de los abusos e incumplimientos del Grupo MAS, la empresa mixta que malamente presta el servicio de distribución de agua en Veracruz y Medellín. La solicitud a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de revisar si esa empresa cumple con el contrato del título de concesión, sobre todo en la inversión de 10 mil millones de pesos en infraestructura, puede servir de base para cancelar el leonino trato que hicieron en perjuicio de los miles de consumidores, a quienes además del mal servicio les cobran altas tarifas. Igual acción plantea el Órgano de Fiscalización del estado, así como la Profeco. El único que se atreve a defender a los concesionarios Aguas de Barcelona y Odebrecht, es el alcalde Fernando Yunes Márquez. Por algo será.
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