/ jueves 28 de abril de 2022

Una reforma polémica

La reforma electoral planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y enviada ayer mismo a la Cámara de Diputados, abrirá una nueva y larga polémica nacional, no por el argumento esgrimido de reducir el costo de las elecciones, sobre todo en el financiamiento a los partidos políticos o la desaparición de las posiciones plurinominales, en lo que seguramente podrían alcanzarse acuerdos, sino por la intención que yace en el fondo de esta iniciativa, según los observadores, la de maniatar a la oposición y a las autoridades autónomas que organizan, vigilan y dan certeza a los procesos electorales desde que fue creado el Instituto Nacional Electoral en 2014, bajo el riesgo de regresar a las trampas del pasado.

¿Qué se propone? Entre otras, cambiar la Constitución para eliminar el Instituto Nacional Electoral (INE),y, en su lugar, crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), integrado por siete consejeros electorales electos mediante voto directo, así como la eliminación de los tribunales electorales; disminuir de 500 a 300 diputados federales, es decir, eliminar a los 200 de representación proporcional (RP) que surgieron con el propósito de dar voz a las minorías representadas en el Congreso, e igual en el Senado, en lugar de 128 curules, reducirlo a 96, tres por estado, 64 de ellos electos por el principio de mayoría relativa y 32 por el principio de primera minoría, sin los32 de RP; federalizar las elecciones que daría lugar a la desaparición de los Organismos Públicos Electorales (Ople’s) encargados de la organización de las elecciones en los estados, y a la vez en esos mismos estados tendrían que reformar sus Constituciones para que los Congresos locales, en función de los habitantes de cada entidad, tengan como máximo 45 diputados y un mínimo de 15; reducción del financiamiento a los partidos políticos (no se establecen porcentajes); disminuir tiempos de radio y televisión, en lo electoral, y, uso de tecnologías en la emisión del sufragio con el voto electrónico a fin de que los mexicanos en el exterior y en cualquier otro lugar (¿cárceles?) puedan participar en los procesos electorales.

Básicamente son los puntos más destacados, con lo que se plantea alcanzar ahorros hasta por 24 mil millones de pesos cada año.

Tales son los términos, y, a reserva de que surjan pronunciamientos cuando se analice a fondo esta propuesta, difícilmente el frente opositor del PRI, PAN y PRD, al que se unió Movimiento Ciudadano, votará a favor esa reforma que requiere de mayoría calificada.

De todo lo planteado, la cuestión de reducir el financiamiento público o los plurinominales, podría alcanzar acuerdos, incluso, en la reducción del número de Distrito Electorales, de 300 a 150 o 200, dado que los diputados en realidad no representan ni aportan ningún beneficio directo a los ciudadanos en la solución de necesidades, obras y otras gestiones, y, por excepción, solamente cumplen una parte de sus quehaceres cuando votan a favor o en contra de leyes, regularmente atendiendo a intereses de sus partidos o del gobernante en turno, más que de sus propios representados.

opedro2006@gmail.com

La reforma electoral planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y enviada ayer mismo a la Cámara de Diputados, abrirá una nueva y larga polémica nacional, no por el argumento esgrimido de reducir el costo de las elecciones, sobre todo en el financiamiento a los partidos políticos o la desaparición de las posiciones plurinominales, en lo que seguramente podrían alcanzarse acuerdos, sino por la intención que yace en el fondo de esta iniciativa, según los observadores, la de maniatar a la oposición y a las autoridades autónomas que organizan, vigilan y dan certeza a los procesos electorales desde que fue creado el Instituto Nacional Electoral en 2014, bajo el riesgo de regresar a las trampas del pasado.

¿Qué se propone? Entre otras, cambiar la Constitución para eliminar el Instituto Nacional Electoral (INE),y, en su lugar, crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), integrado por siete consejeros electorales electos mediante voto directo, así como la eliminación de los tribunales electorales; disminuir de 500 a 300 diputados federales, es decir, eliminar a los 200 de representación proporcional (RP) que surgieron con el propósito de dar voz a las minorías representadas en el Congreso, e igual en el Senado, en lugar de 128 curules, reducirlo a 96, tres por estado, 64 de ellos electos por el principio de mayoría relativa y 32 por el principio de primera minoría, sin los32 de RP; federalizar las elecciones que daría lugar a la desaparición de los Organismos Públicos Electorales (Ople’s) encargados de la organización de las elecciones en los estados, y a la vez en esos mismos estados tendrían que reformar sus Constituciones para que los Congresos locales, en función de los habitantes de cada entidad, tengan como máximo 45 diputados y un mínimo de 15; reducción del financiamiento a los partidos políticos (no se establecen porcentajes); disminuir tiempos de radio y televisión, en lo electoral, y, uso de tecnologías en la emisión del sufragio con el voto electrónico a fin de que los mexicanos en el exterior y en cualquier otro lugar (¿cárceles?) puedan participar en los procesos electorales.

Básicamente son los puntos más destacados, con lo que se plantea alcanzar ahorros hasta por 24 mil millones de pesos cada año.

Tales son los términos, y, a reserva de que surjan pronunciamientos cuando se analice a fondo esta propuesta, difícilmente el frente opositor del PRI, PAN y PRD, al que se unió Movimiento Ciudadano, votará a favor esa reforma que requiere de mayoría calificada.

De todo lo planteado, la cuestión de reducir el financiamiento público o los plurinominales, podría alcanzar acuerdos, incluso, en la reducción del número de Distrito Electorales, de 300 a 150 o 200, dado que los diputados en realidad no representan ni aportan ningún beneficio directo a los ciudadanos en la solución de necesidades, obras y otras gestiones, y, por excepción, solamente cumplen una parte de sus quehaceres cuando votan a favor o en contra de leyes, regularmente atendiendo a intereses de sus partidos o del gobernante en turno, más que de sus propios representados.

opedro2006@gmail.com