Engullimos de un solo sorbo la mentira que nos adula, y bebemos gota a gota la verdad que nos amarga.
Pues bien la justicia no sólo es un concepto inherente al de la democracia en la vida cotidiana de los Estados, sino que constituye el basamento sobre el cual descansan todas las decisiones del aparato institucional, desde el más alto nivel de decisión en el Ejecutivo, o el Legislativo, hasta el más operativo de los espacios de las administraciones públicas municipales.
El Poder Judicial de acuerdo con el propio texto constitucional, tiene su fuente de legitimidad como un Poder autónomo y, de hecho, del mismo nivel de relevancia que el Legislativo y el Ejecutivo y, en ese sentido, constituye uno de los pilares del equilibrio democrático del país.
Es, entonces, tarea del Poder Judicial garantizar la plena vigencia del orden constitucional, pero también el orden jurídico nacional, no sólo a través de la inparticipación de justicia, sino de una de las tareas, quizá menos visibles de su mandato: la hermenéutica de la ley.
La certeza jurídica y la plena vigencia del Estado de derecho debería comenzar, pues en la garantía sin cortapisas del acceso a la justicia para todas aquellas personas que han sido víctimas, tanto de la delincuencia, como del Estado, porque tampoco es menor el hecho de que seguimos siendo, para mal del país, un territorio lleno de “presuntos culpables”.
Una democracia sin justicia es inconcebible, de hecho lo que le hace a la democracia ser lo que es, está sustentado en que todas y todos somos formal y realmente iguales ante la ley, que la justicia es la primera garantía para toda la ciudadanía, y que la fuerza del Estado para hacerla valer se aplicará siempre y en todo momento de manera no sólo “ciega”, sino ante todo, con sabiduría.
La impunidad es el principal problema que tiene México.
El antídoto de la impunidad es la justicia. México requiere de una como la que define la Constitución: expedita y pareja, oportuna y para todos.
Los hechos de los últimos días demuestran que la justicia en México sigue subordinada a la política.
Sí, México necesita justicia para salir de la selva de impunidad en el que está perdido desde hace muchos años.
Pero no una justicia, como la que piden muchos de los defensores del oficialismo, que castigue a los políticos de antes y beneficie los de hoy.
La justicia que se requiere es una a la que teman todos los que violen la ley de manera dolosa y a la que puedan recurrir, con confianza, todos aquellos a los que se les haya violado un derecho.
En otra opinión, aquí sí, los actos sin concesiones en contra de la corrupción merecen apoyo.
Más aún cuando es el propio Presidente quien emprende la lucha y hace de ella el eje de su gestión. Pero para ser exitoso debe someterse a una dura prueba de limpieza de neutralidad y de congruencia.
Limpieza, pues siempre deberán privar la presunción de inocencia y la transparencia procedimental.
Si esto se vulnera las acciones serán vistas, una vez más y con justificada razón, como persecución política.
Si el Presidente está decidido a ir tras de todos aquellos sobre los cuales hay sospecha, deberá guardar un estricto protocolo de comportamiento para que ahora sí, y a diferencia del pasado, de certeza de que se está procediendo con total apego a la ley y sin otro interés.
Son muchos los referentes de irregularidades.
Hoy priva el escepticismo, la duda.
El Poder Judicial de acuerdo con el propio texto constitucional, tiene su fuente de legitimidad como un Poder autónomo
