La información que aparece en la página oficial de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a la pregunta cuántas leyes vigentes existen en México arroja como respuesta el número de 312 instrumentos jurídicos que comprenden leyes, códigos de diversas disciplinas y reglamentos de competencia federal.
Cada legislador de la Cámara de Diputados y del Senado de la República dispone en su nómina de una partida presupuestal para contratar asesores que los orienten en la redacción y elaboración de las propuestas, que después se convierten en iniciativas de ley y que son turnadas a las comisiones integradas por legisladores, para su estudio y elaboración de un decreto que la convierte en iniciativas sujetas a la discusión de su contenido, por comisiones o en el pleno de la asamblea legislativa y si la mayoría lo decide así, se pasa a votación para ser aprobada o rechazada, según el resultado de los votos emitidos.
Aprobada una ley o sus reformas, se turnan al depositario del Poder Ejecutivo federal, es decir, al presidente de la República o gobernador (según el caso), quien decide emitir un decreto en el que se promulga la ley o la reforma correspondiente y se ordena su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Cada Legislatura, de composición plural por su representación partidaria, mantiene una agenda con el grupo parlamentario al que pertenezca el representante popular y se debe preparar junto con sus asesores para elaborar las antes comentadas iniciativas de leyes o decretos.
En México se ha dicho por los conocedores y estudiosos del Poder Legislativo que la producción de leyes y decretos en ocasiones es fan prolífica, que rebasa las necesidades del pueblo para regular sus demandas; legislar por el prurito de ganar reflectores y de quedar registradas sus intervenciones en el Diario de los Debates, sólo satisface el ego de los representantes del pueblo. A esa actitud vanidosa y sin sentido es a lo que se ha llamado “diarrea legislativa”.
Hoy por hoy, el bajo nivel de preparación académica de muchos legisladores y la falta de asesoramiento con los especialistas en cada materia, que paga el pueblo a través del presupuesto de que dispone cada legislador, los productos que se llevan como iniciativas de leyes y decretos, dejan mucho que desear y no merecen ser aprobados solo para la satisfacción de intereses mezquinos.
