El gobernador Cuitláhuac García declaró hace un par de semanas que la administración estatal apoyará la organización del Carnaval de Veracruz, pero descartó la entrega de dinero en efectivo a los organizadores.
Dijo el ejecutivo veracruzano que el gobierno estatal destinará recursos para la promoción y que movilizará a elementos de protección civil y de seguridad pública, pero que de ninguna manera se entregarían recursos en efectivo. Esa, apuntó, es una práctica que debe quedar en el pasado.
Explicó que el gobierno no está facultado para dar seguimiento a ese gasto; es decir, que al no poderse fiscalizar ni comprobar su manejo, no se entregarían recursos.
Los organizadores del Carnaval pusieron el grito en el cielo, dado que la entrega de dinero era una práctica común en años y gobiernos anteriores; el antecedente inmediato es el del ex gobernador Miguel Ángel Yunes, quien, por ejemplo, en febrero de 2017 dispuso de 5 millones de pesos para entregar, en efectivo, al presidente del comité organizador, Luis Antonio Pérez Fraga.
Y ni qué decir de los gobiernos pasados, los de Javier Duarte y Fidel Herrera, que disponían de recursos públicos para impulsar dicha festividad.
En reciprocidad, el Comité de Carnaval giraba la invitación correspondiente para que los gobernadores coronaran a las reinas y asistieran a los eventos más importantes de la festividad; baño de pueblo asegurado.
Con el actual gobierno, dicha práctica fue desterrada y desde 2019, cuando el ejecutivo rechazó entregar los 20 millones de pesos que le solicitaron, no hubo más recursos públicos estatales para el Carnaval porteño.
Por supuesto, la decisión de García Jiménez en el sentido no entregar dinero cuyo destino es imposible comprobar, generó molestia, irritación entre quienes tienen que ver con la organización del evento; sin embargo, en sentido estricto, al gobernador le asiste la razón: destinar recursos públicos a un evento que no organiza el gobierno, sino un comité particular, sería un error a pesar de la incuestionable derrama que dicha fiesta representa para el comercio y las actividades turísticas del puerto.
En reacción al anuncio del mandatario estatal, tanto el comité organizador como el alcalde Fernando Yunes Márquez y Patricia Lobeira, alcaldesa electa, acordaron que la festividad no se realizaría en febrero, sino de junio de 2022 y costará 50 millones de pesos, anunció Pérez Fraga.
El diputado local por ese distrito, Fernando Arteaga Aponte, salió a los medios este martes para declarar que el evento fue pospuesto porque al comité no le quedó otra opción, dado que el recurso presupuestado había desaparecido.
Lo cierto es que esta será la primera vez que el Carnaval de Veracruz se posponga y se enmarque en un contexto de marcadas diferencias, confrontación incluso, entre el gobierno estatal, por un lado, y el ayuntamiento y el comité organizador, por el otro.
