Los últimos acontecimientos de incendios a dos restaurantes ocurridos en Tres Valles y Cosamaloapan nuevamente pone en entredicho la estrategia de seguridad de “abrazos no balazos”, a todas luces equivocada.
Aunque pueda aceptarse lo de atender el problema desde sus orígenes con programas sociales de desarrollo y apoyo económico, principalmente los dirigidos a jóvenes para capacitarlos en distintas áreas laborales, a los estudiantes de niveles medio superior y superior para que continúen sus estudios y a los campesinos para hacer producir sus tierras, en vez de rentarlas para el cultivo de enervantes.
Sin embargo, esas acciones de buena fe no son suficientes; pueden servir, pero no están conteniendo la violencia ni bajando los índices delictivos, estos aumentan cada día. Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante la ceremonia de inauguración de un Cuartel de la Guardia Nacional en Morelos, lanzó un exhorto para “evitar la violación de los derechos humanos de los delincuentes” pues dijo que “a pesar de su actuar, merecen respeto porque son seres humanos”, y eso es correcto, lo establece la ley, la cual es de aplicación general; pero otra cosa distinta es que, bajo ese supuesto, se permita a los delincuentes a vulnerar los derechos de los ciudadanos, como está ocurriendo actualmente, lo que pone en la indefensión a toda la población.
Ese mismo respeto a los derechos humanos de los que ayer habló el Ejecutivo federal, le corresponde a cada uno de los habitantes de México, no poner en riesgo su integridad, sus vidas ni sus bienes, y el gobierno de la República, del estado y de los municipios, están obligados a cumplir. ¿Qué pasó en Cosamaloapan y Tres Valles? Como se ha hecho común, un grupo de civiles armados atacaron a balazos esos locales del restaurante y luego procedieron a incendiarlos, afortunadamente cuando se encontraban cerrados y no había personal del negocio ni clientes, de otra manera habría sucedido otra tragedia de proporciones inimaginables.
No se sabe qué fue lo que motivó esa agresión, pero hay indicios de que fue por la negativa de sus propietarios a pagar cuotas, lo que coloquialmente se conoce como “derecho de piso”, y aunque es un tema del que no quiere hablarse, es ampliamente conocido que se practica en todas partes, incluidas las grandes ciudades y en todos los giros de negocios legales, grandes o pequeños. Coatzacoalcos es una de las ciudades más castigadas por este fenómeno, frente al cual no hay acciones ni estrategia que lo impidan. Es una situación lamentable, y lo único que muchos deciden cuando se presenta este problemas es cerrar sus empresas y dejar sin empleo a los trabajadores.
Debe haber un cambio en la estrategia, aunque pudieran salir igual que como aquella frase célebre de Eduardo Medina Mora, cuando se desempeñaba como procurador general de la República, quien ante las críticas de la política fallida en materia de seguridad, muy parecida a la de ahora, señaló: “vamos ganando, aunque parezca que vamos perdiendo”. Ahí está documentado el fracaso de antes y de ahora, y con un poco de sensatez, no podría opinarse lo contrario. Los ciudadanos no pueden esperar más y merecen más respeto que los delincuentes que violan la ley.
ODEBRECHT EN CAMPAÑAS POLÍTICAS
Muchas sorpresas, que no lo son tanto, deben esperarse de las declaraciones que rinda el ex director de PEMEX, Emilio Lozoya Austin, detenido en España y en proceso de extradición a México para ser procesado por presumibles delitos de corrupción. Esas revelaciones podrían incluir a Veracruz, bajo sospecha de inyectar recursos a campañas políticas aportados por esa empresa brasileña para obtener contratos ventajosos en el gobierno de Javier Duarte. Debe recordarse que esa firma tiene inversiones en Coatzacoalcos, en la planta petroquímica Etileno XXI y Grupo MAS del puerto de Veracruz.
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