/ lunes 15 de febrero de 2021

Violaciones graves y dolosas que anulan elecciones

Bajo la premisa de que “no hay elección perfecta”, desde la alternancia en el gobierno de la República, que se consolidó en el año dos mil con el triunfo de Vicente Fox y su partido (PAN)...

Los esfuerzos de todos los participantes en los procesos electorales, en su afán de garantizar elecciones “limpias”, donde la voluntad soberana del pueblo se imponga sobre los intereses creados por “caciques, hombres fuertes y grupos de presión”, ha venido consolidando un conjunto de ordenamientos jurídicos que así lo tratan de garantizar, partiendo del artículo 41 constitucional.

Desde la forma más simple de ensuciar y corromper una elección, los denominados “mapaches” electorales intentan en cada elección robársela mediante la compra del voto a los sectores de mayor pobreza y marginación social; incluso llegando hasta la manipulación en el nombramiento de las autoridades que organizan y sancionan procesos electorales.

Es obligación ciudadana impedir que delincuentes electorales sigan actuando con impunidad, mediante la manipulación y cohecho a las autoridades que ejercen funciones públicas y de aquellas que utilizan “políticas clientelares” mediante el desvío de recursos públicos y favorecen a determinados sectores de la población, procurando que sean investigados y acusados por las fiscalías especializadas, a fin de que reciban los castigos ejemplares establecidos en la ley.

Todos estamos obligados a defender la validez de una elección, impidiendo condicionar el beneficio otorgado a la reciprocidad del voto, y también a cuidar que el día de la jornada electoral se cumpla con el mandato que garantiza al elector las condiciones para emitir un sufragio “libre, secreto y directo”. Se acabó la práctica de “recoger credenciales” por un comisionado que votaba por aquellos a quienes les hubieran recogido las identificaciones para votar.

Corresponde ahora a los funcionarios electorales, a los representantes de partidos y candidatos, así como a los ciudadanos en general, denunciar todas las violaciones a la normatividad electoral, para ver si algún día logramos que México celebre elecciones libres y democráticas, en las que nadie usurpe la voluntad soberana del pueblo para elegir a sus gobernantes de entre sus mejores hombres y mujeres.

Bajo la premisa de que “no hay elección perfecta”, desde la alternancia en el gobierno de la República, que se consolidó en el año dos mil con el triunfo de Vicente Fox y su partido (PAN)...

Los esfuerzos de todos los participantes en los procesos electorales, en su afán de garantizar elecciones “limpias”, donde la voluntad soberana del pueblo se imponga sobre los intereses creados por “caciques, hombres fuertes y grupos de presión”, ha venido consolidando un conjunto de ordenamientos jurídicos que así lo tratan de garantizar, partiendo del artículo 41 constitucional.

Desde la forma más simple de ensuciar y corromper una elección, los denominados “mapaches” electorales intentan en cada elección robársela mediante la compra del voto a los sectores de mayor pobreza y marginación social; incluso llegando hasta la manipulación en el nombramiento de las autoridades que organizan y sancionan procesos electorales.

Es obligación ciudadana impedir que delincuentes electorales sigan actuando con impunidad, mediante la manipulación y cohecho a las autoridades que ejercen funciones públicas y de aquellas que utilizan “políticas clientelares” mediante el desvío de recursos públicos y favorecen a determinados sectores de la población, procurando que sean investigados y acusados por las fiscalías especializadas, a fin de que reciban los castigos ejemplares establecidos en la ley.

Todos estamos obligados a defender la validez de una elección, impidiendo condicionar el beneficio otorgado a la reciprocidad del voto, y también a cuidar que el día de la jornada electoral se cumpla con el mandato que garantiza al elector las condiciones para emitir un sufragio “libre, secreto y directo”. Se acabó la práctica de “recoger credenciales” por un comisionado que votaba por aquellos a quienes les hubieran recogido las identificaciones para votar.

Corresponde ahora a los funcionarios electorales, a los representantes de partidos y candidatos, así como a los ciudadanos en general, denunciar todas las violaciones a la normatividad electoral, para ver si algún día logramos que México celebre elecciones libres y democráticas, en las que nadie usurpe la voluntad soberana del pueblo para elegir a sus gobernantes de entre sus mejores hombres y mujeres.