Por la tarde del pasado lunes, sujetos desconocidos abrieron fuego contra la periodista María Elena Ferral Hernández, quien por tres décadas se desempeñó como reportera en la zona del Totonacapan.
Ésta no fue la primera vez que la mujer, originaria de Gutiérrez Zamora, sufría un atentado. Como consecuencia de hechos de los que fue víctima en el sexenio de Miguel Alemán, durante años contó con escolta policiaca.
En aquella ocasión fue levantada, torturada, golpeada hasta presentar varias fracturas que la enviaron por semanas al hospital.
Era una mujer cuidadosa, una buena reportera, fuerte de carácter. Fue, además, una de las mujeres pioneras en el periodismo de la zona norte de Veracruz.
Después del atentado a balazos que sufrió el pasado lunes, fue atendida en Papantla, municipio que tenía como sede de sus operaciones, y trasladada a Poza Rica, donde expiró por la noche.
Es el más reciente hecho sangriento que consterna y cubre de luto al gremio periodístico.
Antes de María Elena, Jorge Celestino Ruiz Vázquez fue asesinado en Actopan, a unos 270 kilómetros. Ese homicidio contra el corresponsal del Gráfico de Xalapa se registró en agosto de 2019 y fue el primero ocurrido en el actual gobierno estatal de Veracruz.
Aunque hay avances en las investigaciones, incluso una persona detenida, policía municipal de Actopan, la carpeta sigue sin cerrarse porque falta la captura del o los presuntos autores intelectuales, actualmente sin fuero, así como la determinación de los tribunales. Antes del caso de Celestino Ruiz, el 21 de marzo de 2018, durante el gobierno de Miguel Ángel Yunes, fue victimado Leobardo Vázquez Atzin, reportero de La Opinión de Poza Rica.
Ese homicidio se perpetró en Gutiérrez Zamora, a 30 kilómetros del lugar donde fue asesinada este lunes María Elena Ferral. Los dos hechos tienen como común denominador el factor territorial; pero además, el caso de Leobardo Vázquez fue retomado de forma insistente por María Elena Ferral en su trabajo periodístico; es algo que con seguridad investigarán las autoridades en materia de procuración de justicia.
La zona norte se ubica como uno de los puntos más peligrosos de la entidad para los periodistas: de forma más o menos reciente se han registrado cinco atentados, tres asesinatos, y dos desapariciones contra comunicadores: el 8 de abril de 2005 fue ejecutado el director de La Opinión, Raúl Gibb Guerrero; en marzo de 2017, el jefe de redacción del mismo medio, Armando Arrieta Granados, fue víctima de un ataque a balazos, vivió para contarlo; un año después, en marzo de 2018, Leobardo Vázquez Atzin no corrió con la misma suerte, murió en Gutiérrez Zamora.
El 11 de marzo pasado, la directora editorial de La Opinión, Mireya Ulloa, fue atacada con arma blanca. No hubo mayores complicaciones; la libró porque, al parecer, no existía la intención de asesinarla. 19 días después ocurrió el hecho violento que le costó la vida a María Elena Ferral.
Además, en la zona hay el antecedente de dos periodistas desaparecidos: A Jesús Sandalio Mejía Lechuga nadie lo volvió a ver desde el 13 de julio de 2003; también había trabajado para medios informativos de la zona norte: La Opinión de Poza Rica y Grupo MS Radio de Martínez de la Torre. Lo mismo ocurrió con Miguel Morales Estrada, reportero de la sección policiaca de Diario de Poza Rica, quien desapareció en julio de 2012. El asesinato de María Elena Ferral causó consternación e indignación entre la prensa veracruzana. Con mucha razón, los periodistas de la zona norte salieron a las calles a exigir justicia ante estos hechos violentos; demandan, de igual manera, que no prevalezca la impunidad; que los responsables sean detenidos y paguen por sus hechos.
