Este miércoles muy temprano, la maestra Adriana del Valle Garrido, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz, me compartió un documento muy interesante:
Se trata del índice 2020, Capacidad de Combate a la Corrupción (CCC), elaborado por la Sociedad de las Américas (AS), el Consejo de las Américas (COA) y la consultora Control Risks.
En el estudio de 15 países latinoamericanos, México tiene un puntaje general de 4.55, de 10, cifra que es menor a la alcanzada en 2019, de 4.65 y se analiza fundamentalmente la capacidad legal (obtuvimos 4.15), la democracia e instituciones políticas (4.55) y la sociedad civil, los medios de comunicación y el sector privado, con el puntaje más alto de 6.24.
En la glosa del informe, que realizan Roberto Simon de AS/COA y Geert Aalbers, de Control Risks, y que puede leerse completo en inglés, en https://www.as-coa.org/sites/default/files/archive/2020_CCC_Report.pdf, me llamó la atención lo que refieren de México.
Palabras más, palabras menos, con el apoyo del traductor de Google, los analistas señalan que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llegó al poder con la promesa de "acabar con la corrupción" y el tema lo ha mantenido firme en la agenda de su gobierno. Sin embargo, el índice 20202, muestra que en la práctica, la corrupción no ha cambiado mucho para México.
"De hecho, el país se ha estancado y tiene una pobre capacidad para detectar, castigar y prevenir la corrupción", indican los analistas.
El país con el puntaje más alto en el Índice CCC 2020 fue Uruguay, con 7.78 de 10. Le sigue Chile (6.57), Costa Rica (6.43), Brasil (5.52), Perú (5.47), Argentina (5.32), Colombia (5.18), México (4.55), Ecuador (4.19), Panamá (4.17), Guatemala (4.04), Paraguay (3.88), República Dominicana (3.26), Bolivia (2.71) y Venezuela (1.52), como el más bajo.
El puntaje general de México, así como los puntajes de las tres subcategorías, se mantuvieron notablemente similares a los del año pasado. Hay varias razones detrás del estancamiento de México, pero una de las más importantes es la falta de progreso en las reformas institucionales a largo plazo.
AMLO ha basado principalmente su campaña anticorrupción en torno a su capacidad personal para erradicar el problema. Mientras tanto, el presidente prácticamente ignoró el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), aumentó el uso del gasto discrecional en los contratos públicos y descartó los controles para mejorar la gobernanza, entre otras tendencias preocupantes, indican Simon y Aalbers.
"Fuera del gobierno, la campaña de la sociedad civil contra la corrupción también ha perdido algo de su fuerza en los últimos dos años, como se refleja en una puntuación más baja para este variable. Esto probablemente se deba a dos factores principales: el éxito de AMLO en apropiarse la causa anticorrupción y sus ataques retóricos contra ONG y otros grupos independientes".
En sus comentarios al estudio, la maestra Adriana del Valle Garrido me dice que tal y como lo revela el Índice 20202, en México existe un debilitamiento del Sistema Nacional Anticorrupción y lamentablemente este combate se ha utilizado como un instrumento político, porque solamente se está sancionando a funcionarios o servidores públicos de pasadas administraciones y cuando exista un combate real se debe también sancionar a las personas que están cometiendo actos de corrupción en la presente administración.
"La política estatal anticorrupción está sobre la mesa del Comité Coordinador. Los ciudadanos ya cumplimos con ese trabajo y ahora corresponde a las autoridades que integran el Comité Coordinador impulsar esta política y derivado de esta aprobación se podrán también ya medir, porque hay mecanismos para ver cuáles son los avances que tienen las instituciones en este sentido".
"Yo comento lo que dice el estudio, pero el ciudadano lo tienen que valorar: existe una falta de independencia de instituciones clave en el combate a la corrupción".
"Si no existe participación ciudadana real no hay una democracia real. La democracia, una democracia real, permite la inclusión. Eso significa la participación de los ciudadanos, sin importar cuáles son las vicisitudes que esto tenga".
Del Valle Garrido hizo un llamado, en el caso de Veracruz, a las instituciones del estado, a reforzar el Sistema Estatal Anticorrupción que en unos días relevará a su presidente Emilio Cárdenas Escobosa.
"Tenemos un gran reto, porque los recursos se redujeron y obviamente necesitamos también sinergia y trabajar en capacitar a todos los servidores públicos del Gobierno del Estado. Necesitamos que las autoridades entiendan que todos los servidores públicos deben estar capacitados en el combate a la corrupción, con una cultura de la prevención, precisamente para evitar que incurran en faltas administrativas o delitos relacionados con hechos de corrupción".
"El combate a la corrupción es una tarea de corresponsabilidad: gobernantes y ciudadanos de la mano y sobre todo también de la coordinación interinstitucionalidad", concluyó.
Nos vemos los jueves
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