El jueves pasado comenté la impresionante labor que realiza un grupo de católicos de la parroquia de San Antonio de Padua, en Xalapa, al ofrecer cada día más de 600 comidas a las personas que durante la contingencia por la pandemia del Covid-19 han perdido un trabajo y con ello la posibilidad de llevar un poco de pan a su mesa.
Sabemos de lo que las instituciones de gobierno —porque es su obligación— han venido realizando por los grupos más vulnerables; hemos sido testigos, también, de cómo la sociedad civil se ha volcado, solidariamente, hacia quienes más lo necesitan, en iniciativas calladas, sin estridencias, cuidando que la mano derecha no se entere de lo que hace la izquierda.
Pero en medio de esta crisis, ¿dónde están los partidos políticos que tenemos en la entidad veracruzana? ¿Alguien se ha enterado de alguna despensa, de algún comedor, de alguna actividad de solidaridad social del PAN, PRI, PRD, PT, PVEM o Morena?
Si acaso algunos legisladores o dirigentes, como golondrinas intentando hacer verano, se han presentado aquí, allá o acullá, entregando apoyos alimentarios.
Sin embargo, los dirigentes han estado más preocupados en cómo el Congreso del Estado ha venido a reducirles el 50% de sus prerrogativas, que han utilizado en los últimos años no para crear una verdadera y auténtica cultura democrática o para impulsar las militancias regionales, sino para enriquecerse con altísimos sueldos y mantener en nóminas abultadas a incondicionales o cómplices de sus aventuras políticas. El caso de la actual dirigencia del PRI en Veracruz —que conozco de primera mano y en la cual no me detendré mucho—, fue ganada con una inversión millonaria, para compra de votos y con el respaldo de un alcalde panista porteño, por lo que de una u otra manera se tendrá que recuperar esa inversión. ¿Vocación social? Sólo por escrito, pero en la práctica se trata de lucrar, de amasar, de recuperar, no existe ningún otro interés.
Ayer, mientras manejaba por Lázaro Cárdenas, cerca de la plaza Urban Center, una lona en un puente peatonal llamó mi atención. "PAN, PRI y PRD se robaban 177 millones de pesos. Les duele devolver el dinero al pueblo. El recorte del 50% de la lana a los partidos políticos es una realidad", en franca referencia a la reforma electoral impulsada en el Congreso del Estado por el diputado morenista Juan Javier Gómez Cazarín. Minutos antes de ver esa lona y antes de que el aguacero se viniera sobre la ciudad, escuché en la radio a un locutor comentando una declaración del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien apuntaba que los 177 millones de pesos anuales que ya no se entregarían a los partidos políticos, estarían beneficiando a los veracruzanos con infraestructura social.
¡Qué bien pensé! Ojalá y esta declaración se convierta en realidad, porque lo que sí hemos visto es que los partidos políticos no están invirtiendo en nuestra sociedad. No hay campañas de formación de cuadros, no hay programas de vinculación con la sociedad, con los sectores. Nada.
Sé, porque vivimos en un estado democrático, que son indispensables para llegar a los espacios de poder, pero al final llegan, en gavilla, los incondicionales, sin ninguna vocación social, dispuestos a despacharse con la cuchara grande, porque no les interesa la gente del pueblo.
Así que sin querer queriendo, los diputados de Morena, aunque pasaron a mocharse sus prerrogativas también, le están haciendo justicia al pueblo veracruzano y los partidos políticos tendrán que entrarle a la austeridad republicana y ser más competitivos para que la sociedad crea en ellos.
Responsabilidad es el calificativo que podría endilgarse al legislador oriundo de Hueyapan de Ocampo, Juan Javier Gómez Cazarín, por haber impulsado esta reforma constitucional, a pesar de la oposición de los partidos políticos opositores, acostumbrados a las manos llenas y a las prebendas.
Responsabilidad social con los veracruzanos, añadiría, porque lo que Veracruz necesitará, ahora más que nunca, ante los efectos que está dejando la pandemia del Covid-19, es dinero, sí, dinero para respaldar a los que más lo necesitan y para no detener el desarrollo de este gran estado.
PÉREZ ASTORGA, INICIATIVA
Si es verdad lo que comenta Lourdes Mendoza en Sobremesa, de El Financiero, al senador Ernesto Pérez Astorga —que ya no es senador titular sino suplente, por el regreso de Ricardo Ahued Bardahuil a la curul— será recordado como quien impulsó la Ley para la Protección de la Innovación Industrial, que nos obligará a pagar un sobreprecio por los medicamentos para los próximos diez años.
"Aquí aplicaría la frase: primero las empresas extranjeras, después los pobres y los mexicanos… La iniciativa de esta ley representa los intereses económicos de la industria farmacéutica extranjera, incluso por encima de los principios de eficiencia de recursos públicos en la compra de medicamentos, su inminente impacto negativo en el bienestar social, y la accesibilidad que todos los mexicanos podrían tener a los medicamentos", dice la columnista. Ojalá don Ricardo Ahued Bardahuil pare esta iniciativa o la explique con claridad y no quede en un desaguisado del empresario que ahora aspira a ser alcalde de la capital.
Nos vemos los jueves
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